El superintendente de Susalud, Carlos Acosta, informó que ya está listo el modelo de contrato y el marco tarifario para que el Sistema Integral de Salud (SIS) pueda contratar con las clínicas privadas la atención de pacientes por coronavirus a cuenta de los recursos del Estado, el cual será ofrecido esta semana a las instituciones privadas.
Explicó que existe una serie de nudos burocráticos que obligan dentro de la administración del Estado a que cualquier dinero que salga de hacia un privado tenga que estar en el marco de reglas de juego, y esto ha significado un atraso significativo en este tiempo.
“Afortunadamente esta semana hemos tenido ya la confirmación del SIS, que está extendiendo los términos de referencia, los modelos de contratos civiles y el marco tarifario para que las clínicas contraten a voluntad y puedan vender los servicios bajo las reglas que el Estado establece”, señaló Acosta en declaraciones al programa Panorama.
Como es conocido, en las últimas semanas se denunciaron casos de pacientes atendidos en las clínicas, con facturas que muchos consideran exorbitantes y abusivas, que superan el medio millón de soles, a razón de S/ 10,000 diarios por atención. Ante ello, Susalud ha requerido información de los precios de venta de los productos, servicios y dispositivos médicos para la prevención y atención de la enfermedad.
Respecto a la posibilidad de que la cobertura del estado a las clínicas implique los casos de pacientes atendidos antes de la vigencia de estos contratos, muchos de los cuales han denunciado una sobrefacturación de servicios que supera el medio millón de soles por pacientes, Acosta comentó que hay un estado de necesidad que debe evaluarse, motivado por la emergencia de los hospitales públicos.
“Esas personas no han ido (a las clínicas) porque han querido, han ido por una necesidad a un establecimiento privado, y es sabido de todo el mundo que los hospitales en general han estado en alerta roja, y eso ha significado que sus camas han estado llenas”, señaló.
Enfatizó que las clínicas no pueden negar la atención de una emergencia por una causa económica, y que las personas afectadas por este mal proceder, puede hacer su denuncia a la superintendencia.