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La Contraloría General de la República informó que el próximo año realizará un control posterior para determinar si hay responsabilidades en la demora de la compra de la vacuna contra el COVID-19 por parte del Ejecutivo.
Asimismo, reiteró a las autoridades del Poder Ejecutivo su apoyo con la realización del control concurrente al proceso de compra de vacunas contra la COVID-19 y así contribuir a que las medidas adoptadas por el gobierno tengan éxito, señaló el contralor Nelson Shack.
Al respecto, recordó que hace tres meses, apenas se emitieron los dispositivos que autorizaron la compra de las vacunas, la Contraloría ofreció el apoyo del control concurrente a los entonces representantes del Gobierno.
“Al igual que todos los peruanos, estamos sumamente preocupados por la disponibilidad real y oportuna de las vacunas. Todos los funcionarios públicos debemos ser conscientes de que lo más importante es salvar la vida de la gente y tenemos que hacer todo lo necesario para lograr ese cometido”, indicó.
Asimismo, manifestó que el proceso de compra de las vacunas contra la COVID-19 es muy complejo y en su momento se emitieron dispositivos específicos orientados a levantar observaciones legales, ya que la normatividad de contrataciones no estaba diseñada para comprar, en el marco de una emergencia, una vacuna que no existía en su momento.
Shack Yalta enfatizó que la principal preocupación de la Contraloría General de la República es conocer cómo van a desplegarse los procedimientos logísticos (cadena de frío, criterios de distribución, entre otros) para proceder con la adquisición de las vacunas.
“Varios informes de control han reiterado las precariedades de los sistemas de cadena de frio actualmente existentes en distintos hospitales”, agregó.
Sin embargo, recordó que en diciembre se publicó un Decreto de Urgencia N° 131-2020 que otorga recursos a la adquisición de cadena de frío para fortalecer los puntos de almacenamiento y conservación de la vacuna. En ese sentido, Shack explicó que el control concurrente es una modalidad de control que ayuda a detectar situaciones de riesgo para evitar perjuicios económicos futuros y graves afectaciones a los servicios públicos.
