En el período de agosto a diciembre del 2024, la Contraloría General emitió, como resultado de los servicios de control simultáneo, un total de 36,199 alertas por diversas situaciones adversas identificadas en actividades de gestión pública de entidades del gobierno nacional, regional y local.
La finalidad de esta notificación es que los gestores adopten medidas correctivas para que sus acciones se ejecuten correctamente y cumplan la finalidad pública a favor de la ciudadanía.
Las más de 36,000 situaciones adversas se hicieron llegar a las entidades públicas por medio de 19 569 informes de control simultáneo. Los principales sectores con mayor número de observaciones o riesgos identificados son Educación (5,582), Transportes (3,777), Salud (3,669), Saneamiento (2,671), Ambiente (2,504) y Comunicaciones (305).
A nivel de gobierno nacional se emitieron 10,756 alertas, de las cuales 4,232 han sido corregidas o están en proceso, mientras que 1,701 no han sido subsanadas, otras 4688 se muestran sin acciones y 135 fueron desestimadas.
En cuanto a gobiernos regionales se registraron 7448 situaciones adversas y han sido corregidas o están en proceso 2050, 1708 no han sido atendidas, 3603 están sin acciones y 87 desestimadas. Por último, a nivel de gobiernos locales se notificaron 17 995 riesgos, de los cuales 4,422 han sido corregidos o están en proceso, 4,772 no han sido atendidos, 8706 sin acciones y 95 fueron desestimados.
Control posterior
La Contraloría General también emitió entre agosto a diciembre, mediante la modalidad del control posterior, un total de 5042 informes.
De ese total, mediante auditorías de cumplimiento y servicios de control específico se identificaron presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en 6047 funcionarios y/o servidores públicos por irregularidades o inconducta funcional cometida en el ejercicio de sus labores como titulares, directivos, profesionales y técnicos.
Asimismo, en este tipo de control, como producto de 1413 informes de auditoría de cumplimiento y de servicios de control específico, se identificó un perjuicio económico de S/ 478.3 millones.
Finalmente, por medio de la modalidad de control previo se emitieron 98 informes tras evaluar los presupuestos de adicionales de obra, servicios de supervisión y operaciones de endeudamiento.
