En el marco del estado de emergencia, más de 650,000 equipos celulares fueron bloqueados, 169,000 se reportaron como robados, y se presentaron 4,100 solicitudes de suspensión de líneas utilizadas en extorsión, secuestro y sicariato, informó Osiptel durante una audiencia pública de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco).
La directora de Atención y Protección del Usuario, Tatiana Piccini Anton, informó que Osiptel reforzó el control sobre ciudadanos con más de diez líneas a su nombre, aplicando validación presencial de identidad, e implementó que los extranjeros solo puedan contratar servicios tras verificación biométrica con Migraciones.
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La funcionaria advirtió que la venta ambulatoria de chips constituye un foco de ilegalidad y un delito que permite activar líneas fraudulentas.
“Cuando detectamos a vendedores en la vía pública, registramos identidades, operadores y reportamos a la Policía y al Ministerio Público. Hay personas con más de 300 servicios a su nombre; esa contratación masiva debe ser limitada por ley”, enfatizó.
Asimismo, recordó que las empresas operadoras judicializan sanciones, retrasando procesos hasta por diez años, lo que exige ajustes normativos inmediatos.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Osiptel, Eduardo Guillén Marroquín, subrayó que el control del sistema de telecomunicaciones debe basarse en un trabajo articulado entre municipalidades, operadoras, el regulador y el Ministerio Público. Alertó que la venta callejera de chips, descontrolada desde 2015, permite prácticas como el registro de múltiples huellas por línea, facilitando que terceros activen números sin aparecer como titulares.
