La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, con 17 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones, las clases 100% virtuales de carácter permanente en las universidades.
Dicha propuesta fue sustentada por el secretario de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) quién informó que dicho proyecto de ley N.° 8056, también tiene como finalidad establecer un licenciamiento permanente para las universidades.
Cabe anotar que la iniciativa legislativa había sido aprobada en primera votación el jueves 18 de julio.
El texto aprobado modifica los artículos 13 y 47 de la Ley 30220, e incorpora el artículo 15-A a la misma norma.
El proyecto plantea la aprobación, de forma permanente, la modalidad virtual en las universidades, con excepción de algunas facultades que necesitan de la presencialidad como es medicina, química, ingeniería civil y otros.
“Este enfoque busca proporcionar estabilidad y seguridad a las instituciones educativas y a los estudiantes, promoviendo un entorno educativo de calidad y accesibilidad para todos”, sustentó el congresista Medina Minaya.
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Licenciamiento de Sunedu, permanente
El proyecto, de autoría del congresista de Somos Perú, Héctor Valer, también plantea que el licenciamiento de las universidades sea de carácter “permanente”.
Actualmente, el licenciamiento que otorga Sunedu es de entre 6 a 10 años, según el nivel de calidad educativa de la casa de estudios. Con este cambio, las universidades licenciadas ya no tendrían que demostrar a Sunedu, cada 6 a 10 años, que mantien un nivel de calidad mínimo para seguir licenciadas.
Durante la sesión del jueves, para aprobar el proyecto en primer votación, el congresista Valer argumentó que, en el proceso de licenciamiento, muchas universidades quebraron, porque calificadores encargados de su evaluación no conocían el sistema de balance financiero de estas universidades e informaron inadecuadamente a Sunedu, la que no entregó los licenciamientos respectivos.
Ahora la autógrafa de ley pasará a manos del Ejecutivo, el cual definirá si promulga u observa la iniciativa legislativa.
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