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Después de insistir durante varias semanas y demostrar su intención de participar en la importación y comercialización de vacunas para el COVID-19, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) no adquirirá dosis por el momento a pesar de que tuvo contacto con dos representantes de laboratorios, porque el Gobierno de Francisco Sagasti así lo decidió.
“Hemos tenido contacto con ‘traders’ (representantes) que ofrecen acceso a lotes de vacunas. Solo queda esperar a que el nuevo Gobierno decida su posición. Ahora la puerta está cerrada para los privados”, dijo Eduardo Morón, presidente del Comité de Salud de la Confiep a Gestión.pe
Añadió que por el momento no insistirán más en este tema porque el Gobierno lo ha pedido. Pero, estarán atentos a su convocatoria para ser parte del proceso de vacunación masiva a la población.
Vanessa Vértiz, presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) organización que forma parte de la Confiep, refirió que el Comité de Salud del gremio sostuvo conversaciones con representantes del laboratorio ruso Gamaleya (Sputnik V) y del chino Sinovac, dosis que actualmente se aplica en Chile.
“Hubo conversaciones para entender si había suficiente stock, si estaban dispuestos a atender demanda del sector privado. No teníamos ningún acuerdo, sino conversaciones en caso se diera la posibilidad de poder importar”, contó Vértiz.
Recordó que los laboratorios asociados a Alafarpe como Pfizer han acordado negociar únicamente con gobiernos o asociaciones como COVAX, lo mismo con AstraZeneca. Ello llevó a las empresas privadas a buscar nuevas alternativas como Gamaleya. “Ellos tienen una representación autorizada en Perú que está gestionando los registros sanitarios. Con ella nos hemos comunicador”, mencionó.
La presidente de Alafarpe aseguró que, si el Gobierno hubiera dado “luz verde” a que los privados obtengan vacunas, se hubieran cerrado acuerdos. Incluso se realizó una encuesta en la cual se iba a conocer cuánto demandaban los gremios de la Confiep.
“Varias empresas habían manifestado su interés en vacunar a sus trabajadores, familiares y proveedores ligados a la cadena productiva”, detalla Vertíz. “No planteábamos competir con el Gobierno, ellos tienen la prioridad. Nuestro afán era complementar las comprar que estaban haciendo, con vacunas adicionales y cerrar brechas”, precisa.
Por su parte, Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, dijo que para avanzar en las negociaciones y cerrar contratos con los laboratorios, no es indispensable conseguir los certificados de Digemid, porque estos son necesarios para la importación. Prueba de ello es que el Gobierno ha sellado acuerdos con AstraZeneca, laboratorio que aún no cuenta con registro sanitario.
“Gamaleya podría hacer su registro sanitario como Pfizer y Sinopharm. De esa forma, cualquier droguería importaría de acuerdo a un contrato”, pormenorizó. Sin embargo, considera que por el momento es difícil conseguirlo por la escases de oferta. “El presidente Sagasti pudo haber autorizado que los privados intenten obtener dosis, lo cual es muy difícil en estos momentos”, expresó.
Marco legal
De acuerdo con el artículo 4 de la LEY Nº 31091, la adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y vacunas del coronavirus SARS-CoV-2, así como de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud será gratuito y universal para los habitantes del país en los establecimientos públicos de salud. Asimismo, que en el ámbito privado no podrá contravenir el artículo 234 del Código Penal.
“Mientras no se infrinja el artículo 234, no se genere especulación, escases para mantener los precios y las medidas, la empresa privada puede participar de la importación de vacunas. Pero también es necesario ver lo que dice la Constitución Política del Perú, en la cual diversos artículos dan a entender que la Política Nacional de Salud es una política pública que lo dirige el Estado”, explicó Tomy Deza Sandoval, socio del área de Derecho Administrativo y Relacionamiento con el Estado del estudio Diez Canseco.
La ley Nº 28010, Ley General de Vacunas estipula en su artículo 2 que el Ministerio de Salud en su calidad de ente rector, es el responsable de establecer la sectorización y el calendario de vacunación, así como su cumplimiento. Ello brinda total autonomía al Estado de tomar la decisión de quién puede participar en la importación de vacunas.
Además, el Decreto Supremo Nº 002-2021-SA que aprueba el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos establece el otorgamiento de un Registro Sanitario Condicional (RSC) por un año a los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase III con resultados preliminares, en la prevención y tratamiento del coronavirus SARS-CoV-2. De esa forma, todas las dosis contra el COVID-19 deben obtener el RSC para aplicarse en el país. Actualmente, solo dos laboratorios cuentan con RSC, Sinopharm y Pfizer.
A pesar de todo el marco legal existente, Eduardo Morón afirma que no es necesario realizarle porque el ministro de Salud, Óscar Ugarte, explicó que se puede importar si Digemid lo aprueba. Por ahora solo hay dos laboratorios con certificación, pero todavía hay más vacunas que pueden ser autorizadas, dice.
“No es necesario mayor cambio en el marco legal. El Gobierno siente que no hace falta participación del privado. Ha dicho que tiene 48 millones de vacunas para el resto del año. Si no hace falta, está bien. La idea es no entorpecer lo que han hecho”, manifestó.
Vanessa Vertíz resaltó que no existe impedimento legal para que los privados importen vacunas siempre y cuando el producto que se quiera importar tenga registro sanitario. Con lo cual estarán a la espera de la aprobación del Gobierno para volver a las conversaciones con los laboratorios.
De acuerdo con, Brenda Sarrín, asociada del Área Regulatoria de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, la principal dificultad en materia regulatoria para que los privados importen vacunas es que solo los laboratorios farmacéuticos y droguerías pueden hacerlo.
Consultada sobre si los privados pueden vender al consumidor final, dijo que la norma señala que las empresas autorizadas solo pueden comercializar con otros establecimientos farmacéuticos. “Si existieran supuestos de comercialización fuera de los alcances de la norma, correspondería la aplicación de medidas de seguridad, sanciones administrativas e incluso acciones penales”, expuso.
A pesar de que los privados pueden importar vacunas, el Gobierno de Francisco Sagasti decidió que, por el momento, el Estado se encargue de la importación.
