“Los vamos a capturar y los vamos a botar”. Un par de meses después de esa declaración de la presidenta Dina Boluarte, en medio de los elevados índices de criminalidad en el Perú, promulgó una ley que modifica los criterios de control migratorio para expulsar a los extranjeros: se intensificará el control de identificación.
Según la Ley N° 32192 promovida por el Congreso y validado por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de diciembre, los inmigrantes que no cumplan con identificarse ante las autoridades serán expulsados del país en un plazo de 24 horas.
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Sin necesidad de tener una orden judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) podrá exigir la identidad de una persona extranjera. En caso no tenga ningún medio válido, se le tomará una declaración de identidad, que quedará registrada en un acta, y se tomará la información biométrica —para un posterior procesamiento digital en el Registro de Información Migratoria (RIM)—. Cabe señalar que este proceso no implica la regularización de la situación migratoria del intervenido.
El excanciller y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Óscar Maurtúa, sostuvo a Gestión que toda medida orientada a garantizar la seguridad nacional “es necesaria”, y más en un contexto donde urge “tomar acciones concretas” para proteger a la ciudadanía de los malos elementos extranjeros, en especial, “de origen venezolano” —que supera el millón y medio de personas en Perú, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados—.
¿Cómo se realizarán las expulsiones de extranjeros indocumentados?
De acuerdo con la congresista autora de la norma, Diana Gonzáles (Avanza País), “en muchos casos los extranjeros prefieren no identificarse” y lograron evitar la intervención de las autoridades. Por ello, se llevará ahora un control más férreo entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
“Migraciones había modificado el decreto legislativo de migraciones (DL N° 1350) con el que se establece un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para intervenir extranjeros con situación migratoria irregular y proceder con las resoluciones de expulsiones en 24 horas: 12 horas interviene la Policía y 12, Migraciones; pero Migraciones alertó que en los operativos muchos extranjeros botaban sus documentos o evitaban identificarse. Ahora se incluye como causal (para la expulsión del país) a aquellos extranjeros que no se identifiquen ante las autoridades competentes”, contó la parlamentaria a Gestión.
Entonces, ¿qué pasa si un extranjero no tiene documento de identificación? Gonzáles reconoció que no es posible determinar si un indocumentado posee antecedentes judiciales, penales u órdenes de captura internacional, por lo que si un extranjero no posee los medios para identificarse será expulsado para mitigar “los riesgos en seguridad ciudadana” y “fortalecer el orden interno”.
“La Policía podrá hacer intervenciones y comunicar a Migraciones. Todos estamos obligados a identificarnos. Nadie puede evitar dar su huella biométrica en caso no tenga sus papeles. Y si no hay ninguna información, queda en facultad de la PNP proceder con la expulsión”, añadió.
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¿Quién se hará cargo de los extranjeros que serán deportados?
Maurtúa señala que la Superintendencia de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores deben conciliar en el reglamento —en 60 días calendario— las aptitudes que asumirán en esta labor. “¿La Cancillería promoverá los vuelos? ¿Quién pagará los vuelos y la mantención de los expulsados? Hay todo un tema de logística y procesos. Se trata de seres humanos y no de ganado”, añadió.
En esa línea, la congresista Gonzáles señaló que “es trabajo de la Cancillería y las embajadas” velar por los gastos y operaciones logísticas para la expulsión de los extranjeros. “El objetivo es que no haya en Perú ciudadanos extranjeros no identificados más allá de si incurren en delitos o no”, soslayó.
Régimen de Dina Boluarte apunta a ciudadanos venezolanos
La presidenta Boluarte teledirigió sus planes de control ciudadano a los delincuentes venezolanos, al punto que dijo: “Los vamos a capturar y botar”. Para ello, señaló que exigirán “a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, alquiler” y “harán seguimiento a las remesas que se mandan fuera del país”.
Las afirmaciones de la mandataria se dan en un contexto donde el 87% de los ciudadanos venezolanos en Perú trabaja en la informalidad, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Un 32% de los migrantes llaneros tiene estudios concluidos, sean técnicos o universitarios, y un 8% apenas logró homologar su título.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
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