La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el predictamen que propone incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años de edad como imputables dentro del sistema penal, es decir que podrán ir a prisión. La iniciativa contó con ocho votos a favor, doce en contra y cuatro abstenciones.
Tras su aprobación, el predictamen será elevado a la Comisión Permanente para una decisión final.
El texto plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para que, “excepcionalmente, los adolescentes de 16 años a más” tengan responsabilidad penal cuando hayan cometido los delitos de parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, exposición, trata de personas, explotación sexual, explotación sexual de menores, pornografía infantil, secuestro, violación sexual, favorecimiento a la prostitución, rufianismo, proxenetismo.
Así también, robo agravado, extorsión, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos o armas, atentado contra los medios de transporte colectivo o de comunicación, atentado contra la seguridad común, consumo ilegal de drogas tóxicas, algunas formas agravadas de la resiembra, reingreso clandestino o ilegal, organización criminal, marcaje o reglaje, banda criminal, participación en grupo armado dirigido por extranjero, o delitos de terrorismo.
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El congresista Juan Burgos (Podemos Perú) explicó que esta medida responde a un incremento significativo de crímenes violentos cometidos por menores, como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado, informó Canal N.
El parlamentario mencionó que los jóvenes de 16 a 18 años que cometan estos delitos serán tratados bajo un marco legal similar al de los adultos, aunque con ciertas diferencias en las penas y un enfoque en la resocialización.
Sin embargo, reconoce que la resocialización es particularmente difícil en este rango de edad, con una tasa de éxito estimada de solo el 3%.
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Impulsarán construcción de centros penitenciarios
Burgos también mencionó que se está impulsando la construcción de centros penitenciarios especializados para jóvenes de 16 a 18 años, con el objetivo de separar a estos menores de los adultos en el sistema penitenciario.
“Este proyecto de ley busca adelantarse a un problema que afecta a diversos países de América Latina debido a la inmigración y otros factores”, resaltó.
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