Argentina se suma a la lista de países en la región que ha reducido su límite permitido de alcohol entre los conductores. Su Senado aprobó hace unos días la ley Alcohol Cero al Volante, que en la práctica prohíbe ingerir incluso una copa de vino si vas a conducir. ¿El objetivo? reducir la siniestralidad vial que, en ese país, es la segunda causa de muerte en las pistas.
En Perú, según el boletín estadístico de siniestralidad vial 2022 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las principales razones de las siniestralidades en la pista son: imprudencia del conductor (27.8%); exceso de velocidad (26.8%) y la ebriedad del conductor (7.5%); seguido de imprudencia del peatón.
Así, cada año, se interviene a al menos 12,000 conductores por haber superado el mínimo de alcohol permitido, que es de hasta 0.5 g/litro, y de 0,25 g/l si es transporte público o de carga. Para la ONG Luz Ámbar hay espacio en el Perú para reducir esos niveles, ¿pero qué otros factores deben considerarse?
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Cabe indicar que en Argentina, tras la aprobación de la ley Alcohol Cero al Volante, el sector agrícola ha advertido que podría afectar a la industria vitivinícola: por cultura, los argentinos beben al menos una copa de vino en el almuerzo.
Otros especialistas sostienen que en países como Dinamarca, Suiza y Países Bajos, que mantienen su límite de alcohol en 0.5 gramos por litro de sangre; son a su vez los países con las tasas más bajas de siniestralidad. ¿Entonces?
¿Prohibir la ingesta de alcohol al conductor es la solución?
Luego de la pandemia, el número de siniestros vehiculares volvió a crecer. Aumentó en más de 12% en 2022 respecto al año anterior, y aunque todavía está por debajo del nivel prepandemia, las cifras del MTC adelantan que la cifra -lamentablemente- continuará elevándose.
Solo en 2022, la mayor incidencia de siniestros de tránsito, a nivel nacional, se registró en Lima con 41,095 siniestros, que representa el 49.0% del total nacional. Seguidamente, Arequipa (6.0%), La Libertad (6.0%); Piura (4.7%); Junín y Cusco. Y resultado de los siniestros, 3,312 personas fallecieron y más de 53,000 terminaron con lesiones.
Según las normas de seguridad vial, el nivel de alcohol en la sangre se mide con un alcoholímetro y se considera una falta calificada como “muy grave” con una multa que puede ascender hasta los S/ 4,600, además de una pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 152 a 104 jornadas e inhabilitación”. Sin embargo, la medida no se cumple.
Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar afirmó a gestion.pe que en el país, ningún conductor que maneja bajo los efectos del alcohol, aún sin haber atropellado u ocasionado la muerte de un peatón, pisa la cárcel. “Entonces, la norma está en vano”.
“Cuando el policía interviene al conductor, el caso pasa a la Fiscalía que aplica el principio de oportunidad y, entonces, tipifica como delito menor si te pasaste el límite de 0,5 g/l. El infractor firma un acta, paga una multa, y se va sin ningún antecedente ni proceso judicial”, señala Quispe Candia.
Y otra situación -advierte-, se da cuando se tipifica como culpa la acción del conductor que en estado de ebriedad atropelló a un peatón. “Pero la culpa, según el Código Penal, se refiere a un hecho involuntario sin predeterminación. Debería tipificarse como dolo porque la persona consciente de que conducirá, por ejemplo, va a una fiesta donde ingerirá alcohol e igual conduce su vehículo. Ese es un acto de mala fe contra otro ciudadano”, anota.
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Estos cambios al Código Penal son parte de las modificaciones que propondrá la ONG Luz Ámbar en su proyecto de ley para reducir el nivel permitido de alcohol en la sangre para los conductores, pasando de 0,5 g/l actual a 0,2 l/g. La iniciativa todavía se encuentra en elaboración pero será enviada este año a la Comisión de Transporte del Congreso de la República.
Pese a ello, Alfonso Flórez, de la organización Transitemos, opina que una norma para reducir los topes de ingesta de alcohol no solucionará el problema si no existe una adecuada fiscalización. El número de policías ni de alcoholímetros se dan abasto para supervisar a todas las unidades que transitan. Luz Ámbar afirma que solo existirían 30 alcoholímetros en el país. Si bien la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP es la encargada de realizar estas compras, su presupuesto de S/ 9,600 millones para este 2023 no incluye -de acuerdo al Portal de Transparencia- adquisición específica de este tipo de equipos.
Recordó que en países como Francia se hacen cerca de 7 millones de controles en el alcoholímetro al año; en Argentina, solo 651,000. En Perú, solo en Callao -región que además ha implementado la mayor cantidad de cámaras de seguridad en las vías-, se hacen cerca de 3,000 controles, de acuerdo a datos de la dependencia policial de esa región en el 2022.
“Es como reducir la velocidad en algunas autopistas, qué nos garantiza que la gente cumplirá si no hay control o fiscalización. Lamentablemente se le ha quitado ciertos roles a la policía y se fortalece al serenazgo cuando solo la PNP es el responsable del tránsito en el país. Ellos también deberían tener acceso a las cámaras de seguridad que instalan las municipalidades, pero hoy lo hace el serenazgo”, cuestionó.
El debate sobre reducir los niveles de alcohol en los conductores podría reiniciarse. En el 2011, la entonces Estrategia Nacional de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud se mostró a favor de esta propuesta. Indicando “las investigaciones señalan que una persona con apenas 0.1 o 0.2 miligramos de alcohol en la sangre registra alteraciones psicomotoras, por lo que debería haber tolerancia cero de alcohol para conducir un vehículo”, indicaron en ese momento.
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