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El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición a Perú fue avalada este martes por un juez de Estados Unidos, es una de las piezas mayores de la investigación del caso Odebrecht en el país.
Toledo es uno de los tres exgobernantes peruanos implicados en las investigaciones de esta trama de corrupción que, en su caso, comprende la presunta entrega de un soborno de unos US$ 35 millones para facilitar los negocios de la empresa brasileña.
Estas son algunas de las claves que explican la decisión de la Justicia estadounidense de extraditar al exmandatario.
1. La omnipresente Odebrecht
El caso Odebrecht, que ha implicado a un gran sector de la clase política y empresarial peruana, tiene entre sus investigados, además de Toledo, los exgobernantes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
También comprendió en sus pericias iniciales al exmandatario Alan García (2006-2011), quien se suicidó en abril del 2019 para evitar ser detenido por una orden fiscal.
En cuanto a Toledo, la justicia peruana pidió su extradición por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias y desde febrero del 2017 tenía una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
El exmandatario fue detenido en julio del 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses encarcelado por riesgo de fuga, pero finalmente pasó a cumplir arresto domiciliario en marzo del 2020, a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19.
2. La información
En enero del 2020, el fiscal jefe del equipo especial Lava Jato en Perú, Rafael Vela, aseguró que Jorge Barata, exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en el país, aportó “mucha información” sobre las coordinaciones para el pago de sobornos al expresidente peruano.
Un mes antes, el empresario peruano-israelí Josef Maiman se había convertido en colaborador de la Fiscalía, tras admitir que prestó las cuentas de sus empresas para recibir el soborno de US$ 35 millones que Odebrecht le entregó a Toledo para beneficiarse con la licitación de la carretera Interoceánica Sur durante su Gobierno.
Mediante ese acuerdo de colaboración, se ordenó que Maiman devuelva unos US$ 14 millones al Estado peruano y solicitó la ejecución de una prueba anticipada para asegurar el testimonio del colaborador - de avanzada edad y con problemas de salud - en el juicio que se abrirá por este caso.
Según las investigaciones fiscales, desde las empresas de Maiman ubicadas en paraísos fiscales presuntamente se traspasaron fondos a la sociedad Ecoteva, que fue fundada en el 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
3. Un segundo pedido de extradición
Precisamente, el 21 de abril pasado el Gobierno de Perú, que por entonces presidía Francisco Sagasti, aprobó presentar una segunda solicitud de extradición de Toledo y su esposa Eliane Karp por presunto lavado de activos.
El ministro de Justicia de ese momento, Eduardo Vega, explicó que este pedido se acordó por el caso Ecoteva, desde donde Toledo supuestamente pagó las hipotecas millonarias de propiedades que adquirió tanto en Lima como en las playas del norte de Perú.
Las pesquisas de la Judicatura encontraron “una ruta de dinero con cuentas ‘offshore’ en Panamá y Costa Rica”, que luego “vinieron al Perú para hacer compras de inmuebles”, según detalló Vega en ese momento.
4. El aval de la justicia de EE.UU.
Tras un prolongado proceso que comenzó con su detención en el 2019, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, avaló este martes que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas.
Hixson aseguró que su tribunal consideró las pruebas “sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”.
Luego del visto bueno de la Justicia estadounidense, será el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el que tomará la decisión final en un caso que el propio Gobierno de Estados Unidos ha representado los intereses de Perú durante el proceso.
Aunque su defensa aún puede solicitar como último recuerdo una orden de “hábeas corpus”, de la decisión que tome Blinken dependerá de que Toledo, de 75 años, sea procesado en su país y afronte el pedido fiscal de una condena de 20 años y 6 meses de prisión por el caso Odebrecht.
