El peruano Valerio Bacalla sale casi todas las madrugadas a pescar al Pacífico en cuyas aguas cayeron hace dos años miles de barriles de petróleo frente a una refinería de la energética Repsol, provocando el peor desastre ambiental del país sudamericano, según las autoridades.
A veces encuentra un empleo en la construcción, pero no es frecuente. Entonces Bacalla, de 35 años y padre de dos niños de 7 y 5, vuelve al océano para arrojar sus redes y esperar que la suerte le acompañe en conseguir dos o tres pescados que pueda llevar a su hogar en una barriada salpicada de cabañas de madera que crecen en un desierto costero frente a la capital peruana.
El lunes llegó al mar a las cinco de la mañana. Tres horas después apenas había logrado atrapar una corvina (pogonias courbina). El pez se retorcía en las redes de hilos verdes. “De estar contaminado, está contaminado”, aseguró refiriéndose al pescado frente a una cámara de The Associated Press.
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“Pero, ¿qué podemos hacer? La necesidad nos hace que así lo comamos”, añadió.
La semana pasada un estudio de abogados británico Pogust Goodead demandó por US$ 1,2 millones a Repsol en una corte de la capital de Holanda a nombre de la organización no gubernamental holandesa Stichting Environment and Fundamental Rights, que representa los intereses de unas 34.000 víctimas de diversas zonas costeras de Lima hasta donde llegaron las manchas de petróleo.
El derrame se expandió por un área de mar y tierra más grande que la ciudad de París.
Ocurrió el 15 de enero de 2022 durante una descarga de petróleo del buque italiano, propiedad de la empresa Fratelli d’Amico Armatori hacia una refinería de Repsol, la más grande de Perú.
Pogust Goodhead indicó que “a pesar de las investigaciones de las autoridades locales, cientos de miles de lugareños afectados todavía no han recibido ningún tipo de compensación, los negocios han colapsado y las vidas han sido destruidas”. Bacalla es uno de ellos.
Su esposa Melissa Conza, de 36 años, dijo que comen el pescado porque no hay opciones. “Si no pescamos, ¿qué comeríamos?”, indicó por teléfono desde su casa. “Ahora no nos alcanza nada”, comentó la mujer.
Un reciente estudio de la organización no gubernamental peruana Cooperacción, con apoyo de Oxfam, indica que miles de pescadores o trabajadores ligados a la pesca —por lo general con varios hijos— han perdido casi US$ 40.500 por año, lo que incluye la depreciación de los materiales de pesca. La organización, que entrevistó a 374 pescadores, halló también que 31 especies marinas siguen afectadas.
Repsol dijo en un comunicado que considera que la demanda realizada en La Haya “no tiene fundamento”.
La energética con sede fiscal en la capital holandesa añadió que ha destinado más de 270 millones de dólares en tareas de limpieza, remediación y compensación. Pogust Goodhead indicó que en Holanda “se aplicarán estándares ambientales internacionales, por lo que se puede esperar que la compensación recibida por las víctimas provea una reparación integral y más alta que cualquiera que podrían recibir por la vía de una demanda local”.
Tras el derrame, los rescatistas hallaron 300 aves muertas y observaron 1.200 cubiertas de crudo, en especial cormoranes, guanayes, piqueros, pingüinos de Humboldt, pelícanos y gaviotas peruanas.
El gobierno aún no ha anunciado cuándo los pescadores podrán retornar a pescar peces saludables.
The Associated Press escribió y llamó por teléfono varias veces a Sanipes —el organismo que asegura la sanidad e inocuidad pesquera del país— para preguntar si ya se pueden comer los peces de las zonas impactadas por el derrame petrolero. No hubo respuesta.
“Estamos olvidados totalmente, espero que algún día hagan justicia con nosotros”, dijo la esposa del pescador.
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