La asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que Perupetro sigue en la búsqueda de inversores para la explotación de petróleo y gas natural en zonas intangibles de la Amazonía peruana.
DAR señaló que la explotación se daría en áreas que se superponen con más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas, donde están involucrados 21 pueblos indígenas, a los que no se les está garantizando derechos como la consulta previa.
Asimismo, indica se superponen tres reservas indígenas y una reserva territorial, donde viven pueblos indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), altamente vulnerables ante el contacto externo.
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Sofía Rodríguez, especialista de DAR, señaló que “también preocupa que estas áreas promocionales incluyan parte del territorio de áreas naturales protegidas, incluso del Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde por Ley están prohibidas la extracción de recursos naturales”.
Entre el 19 y 21 de noviembre, Perupetro participó del evento internacional “Latin America & Caribbean Energy Summit” realizado en Punta del Este, Uruguay.
Según DAR, la empresa estatal Perupetro mantiene la idea de impulsar actividades de hidrocarburos a pesar de las preocupaciones de diversos expertos, y de alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas peruanas, por el impulso de 39 áreas promocionales y la firma de 3 convenios de evaluación técnica en la Amazonía peruana.
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“Cualquier empresa seria, que tenga políticas de sostenibilidad y de respeto de derechos humanos - que incluyen los ambientales - debe conocer previamente lo que implica esta promoción: un intento de reducción de la protección ambiental en una de las zonas más biodiversas del mundo. No se pueden promover actividades productivas en desmedro de áreas protegidas que tienen protección constitucional”, comentó César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.
Varias organizaciones de sociedad civil y organizaciones indígenas de Perú se encuentran realizando un llamado a una inversión responsable a las empresas a través de una Carta Abierta, donde les instan a reevaluar su potencial intervención en estas condiciones y a que cumplan con el respeto al marco legal de protección de derechos humanos, especialmente referidos a los PIACI y al cuidado de la Amazonía.
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