Recientemente, hemos visto al Estado dar la espalda a cientos de jóvenes talentosos que buscaban acceder a becas como Beca 18 y Generación del Bicentenario, con la posibilidad de romper círculos viciosos para muchas familias y de retribuir al país en el futuro. Además, los primeros resultados de logros de aprendizaje en estudiantes de quinto de secundaria nos dan un baldazo de agua fría y nos enfrentan a una realidad difícil pero apremiante. Si no giramos el timón, no solo no aprovecharemos el bono demográfico: el futuro se ve bastante gris para nuestras posibilidades de desarrollo.
Solo uno de cada 10 estudiantes que está por terminar la escuela alcanza niveles satisfactorios en lectura. En matemáticas y ciencia y tecnología, la realidad no es mucho mejor. La gran mayoría termina el colegio sin las capacidades suficientes para comprender instrucciones, resolver operaciones básicas y enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante y dependiente de la tecnología. En otras palabras, salen con posibilidades muy bajas de alcanzar niveles adecuados de productividad y, con ello, de ingresos futuros para ellos en particular y para el país, en general.
Lo que ocurre en la escuela no es menor, porque seis de cada 10 jóvenes que termina la secundaria pasa directamente al mercado laboral o a la inactividad, sin ningún tipo de educación superior. De los cuatro restantes, no todos acceden a instituciones de calidad ni todos concluyen sus estudios. La consecuencia es predecible: los jóvenes son hoy el grupo con el peor desempeño en los indicadores del mercado laboral, en un contexto donde la contratación formal resulta prohibitivamente costosa para muchas micro y pequeñas empresas, y donde la productividad es demasiado limitada para mejorar sustancialmente los ingresos del promedio.
Entre quienes sí llegan a la educación superior también hay retos latentes. Existe un desajuste persistente entre lo que ofrecen los programas de formación y lo que el mercado efectivamente demanda, algo que viene reportándose desde hace años. Las empresas reportan dificultades crecientes para cubrir puestos con las competencias requeridas, mientras los egresados buscan empleo sin encontrar uno acorde a su formación. Es necesario un acercamiento más sistemático de las instituciones formativas con las empresas en cada región para identificar las competencias más necesarias y adaptar sus enfoques. Hay, también, un espacio para utilizar mejor los recursos del canon de las universidades públicas en busca de innovaciones que impulsen la productividad de los estudiantes y mejoren nuestra capacidad para cumplir con sus necesidades y expectativas.
Recientemente, Credicorp ha publicado el Termómetro del Talento, que muestra que los jóvenes estudiantes y egresados de la educación superior están en una búsqueda de mayores oportunidades de crecimiento y salarios competitivos antes que una estabilidad que antes era más valorada. Pero no lo están encontrando. Más de la mitad de nuestros jóvenes ansía migrar en busca de oportunidades.
Afortunadamente, hay luz al final del túnel: la gran mayoría de quienes apuntan a irse, consideran esto algo temporal y tienen intenciones de volver al país. Pero esta esperanza viene también con una responsabilidad: tenemos que generar las condiciones para que volver sea una opción racional en su radar. Esto es, un Perú donde sí se generen oportunidades, donde el Estado funcione y sea un real habilitador para la inversión y creación de empleos de calidad, donde haya estabilidad y donde los jóvenes puedan ver un futuro.
Pero esta no es la prioridad de la clase política. En una campaña sin propuestas, lo poco que hemos escuchado es, por uno de los lados, aumentar el salario mínimo. Esta es una medida que suena bien, pero que ignora que el 71% de los trabajadores es informal, que solo la mitad son asalariados y que cuatro de cada 10 son autoempleados –muchos de los cuales no alcanzan siquiera el salario mínimo a fin de mes–. Subir la valla de la formalidad con criterio político antes que técnico no protege a la mayoría: la condena a seguir donde está.
Aunque el término productividad suene frío y lejano, es el más determinante para cambiar vidas y el rumbo del país de forma sostenida. Hay varias medidas documentadas para mejorar nuestra productividad laboral e impulsar oportunidades para los jóvenes, desde la secundaria hasta la educación superior y el salto al mercado laboral. Y hay otras varias para mejorar la productividad y formalidad empresarial, junto con mejorar nuestras frondosas normativas laborales. Lo que no hay, o es insuficiente es voluntad política para darles prioridad. Sí hay, sin embargo, prioridad para salvatajes millonarios recurrentes, compras de aviones o las medidas populistas que reparte un Congreso que no debería tener iniciativa de gasto. Y, mientras tanto, una generación entera paga esa cuenta.
Paola del Carpio Ponce es coordinadora de Investigación de Redes.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
