Escribe: Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.
La inseguridad ciudadana en el Perú representa un costo del 3.09% del PBI, es decir, más de S/ 31,500 millones perdidos anualmente. Ello no solo impacta la calidad de vida, sino que frena el desarrollo económico y limita las oportunidades de progreso para todos. Superar esto requiere de dos elementos: voluntad política y una alianza estratégica entre el sector público y privado.
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Así, los empresarios, gremios y sindicatos hemos llegado a un consenso en una serie de medidas para combatir la inseguridad de manera eficaz. Una es devolver la confianza a la ciudadanía mediante la creación de Centros de Flagrancia, donde jueces, fiscales y policías trabajen de manera conjunta para resolver casos en menor tiempo. Esto descongestionaría el sistema judicial y permitiría castigar el delito con rapidez, generando un efecto disuasivo y evitando que los crímenes se vuelvan rutina.
Adicionalmente y a través de Obras por Impuestos, se podría mejorar la iluminación pública, instalar sistemas de videovigilancia y modernizar comisarías. Estas mejoras son de rápida ejecución e impactarían de manera inmediata en la prevención del delito.
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Sin embargo, combatir de manera efectiva al crimen organizado requiere de un mejor sistema de inteligencia estatal. Urge dotar a la Policía Nacional de herramientas tecnológicas y recursos que le permitan monitorear y anticiparse a las redes criminales. No solo hablamos de seguimiento, interceptación de comunicaciones o vigilar las redes sociales, sino también de atacar las economías ilegales que sustentan a estas organizaciones, como la minería y la tala ilícita.
Al mismo tiempo, es fundamental que se reforme el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar con mayor dureza la participación en organizaciones criminales y facilitar la colaboración eficaz. El crimen no debe quedar impune y nuestras instituciones deben ser lo suficientemente fuertes para enfrentarlo.
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En ese marco, CADE Ejecutivos 2024 planteará estas y otras propuestas para combatir la inseguridad en la sesión “Formalización y seguridad: propuestas de los trabajadores y empresarios”. Este diálogo contará con la participación de representantes de Confiep, SNI, FCTCCP y Capeco.
La seguridad es una condición indispensable para el crecimiento económico, la inversión, el desarrollo y el bienestar de los peruanos. No podemos seguir siendo rehenes de la delincuencia. Con voluntad política y colaboración público-privada, es posible devolverle la paz y confianza a nuestro país.
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