Hace un par de años, en un foro internacional de inversión, el Perú fue mencionado dos veces: por su potencial renovable y por su inestabilidad política. Mientras tanto, países de África, Asia y de nuestra región ofrecían proyectos de energía para la transición. Tenemos los recursos y, aun así, llegamos tarde.
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Ese retraso suele atribuirse al riesgo político, y no sin razón. Pero hay una causa menos visible y más fácil de corregir: el Estado peruano no tiene un solo interlocutor para la transición energética. Tiene varios. Y ninguno mira el conjunto.
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Quien invierte en gas o petróleo negocia con Perupetro. Quien apuesta por solar, eólica o geotermia recorre distintas direcciones del Ministerio de Energía y Minas. Procesos separados, criterios distintos y ninguna instancia que evalúe cómo se afectan entre sí. Eso era tolerable cuando cada fuente ocupaba su nicho. Está dejando de serlo.
La propuesta: fusionar en una sola entidad el otorgamiento de concesiones y la supervisión de contratos, para toda fuente de energía. (Foto: Celsia)
Los números delimitan el terreno. En el 2024 la hidroelectricidad aportó el 51.8 % de la generación y las térmicas –básicamente gas de Camisea– el 40.1%. La fotografía ya cambió: al primer cuatrimestre las renovables no convencionales alcanzan el 16.5% del sistema, frente al 13.49% del año previo, y hay 1.1 GW en construcción que entrarán entre este 2026 y el 2027.
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Al mismo tiempo, el país explora. Si las campañas de gas prosperan, las reservas crecerán. Si la exploración petrolera frente a La Libertad y Lambayeque tiene éxito, habrá que decidir qué hacer con ella.
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Ahí la fragmentación se vuelve cara. La pregunta que viene no es cuánta renovable queremos, sino cómo se administra la tensión entre lo renovable y lo no renovable cuando ambos compiten por capital, red y territorio. Esa pregunta no tiene hoy dueño institucional.
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La propuesta: fusionar en una sola entidad el otorgamiento de concesiones y la supervisión de contratos, para toda fuente de energía.
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El punto de partida existe. Perupetro opera bajo el paraguas del FONAFE, pero su función real no es la de una empresa pública sino la de una agencia de promoción de inversiones. Convertirla en una Agencia Peruana de Energía implicaría sacarla de ese ámbito, ampliar su mandato a todas las fuentes y dotarla de autonomía y de cuadros especializados en renovables. El rol rector seguiría siendo del ministerio: no se propone un ministerio paralelo, sino el brazo ejecutor con mirada integral que hoy no existe.
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Hay dos argumentos concretos. El primero es de competencias transferibles, y conviene ser preciso: un ingeniero de reservorios no sabe de paneles solares, pero sí de subsuelo –y la geotermia es un problema de subsuelo–, de operación costa afuera –y la eólica marina lo es– y de diseño de rondas competitivas, que es el mismo instrumento con distinto contenido.
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El segundo es más decisivo: el banco de datos. Perupetro administra décadas de información sísmica y geológica del subsuelo peruano. Ese acervo, concebido para hidrocarburos, sirve directamente para evaluar potencial geotérmico y caracterizar el suelo marino donde se instalarían estructuras eólicas. Mantenerlo aislado del desarrollo renovable es desperdiciar un activo ya pagado.
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Colombia avanzó por esta ruta. Su Agencia Nacional de Hidrocarburos asumió la asignación de áreas para eólica costa afuera. Sin embargo, el proceso va lento: de las ocho ofertas previstas en su primera ronda marina, se recibió una sola. La lección no es que el modelo falló, sino que el rediseño institucional es condición necesaria y no suficiente. Una agencia integrada no genera apetito inversor por sí sola; elimina una fricción que hoy lo desalienta.
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Alguien objetará, con fundamento, que en el Perú fusionar entidades suele producir parálisis: años de reglamentos pendientes y fuga de personal calificado. La respuesta es de secuencia. Perupetro ya tiene personería, presupuesto, cuadros técnicos y un modelo probado de rondas. No se trata de crear algo desde cero, sino de ampliar el mandato de una institución que funciona, y hacerlo por etapas: primero geotermia y eólica marina, donde las complementariedades son evidentes; después el resto.
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El panorama dependerá de variables que no controlamos: los precios internacionales de los hidrocarburos y la caída sostenida de los costos renovables. Por eso necesitamos una institución capaz de leer todas esas señales a la vez, y no tres oficinas leyendo cada una la suya.
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El Perú se comprometió a reducir 30% sus emisiones al 2030, hasta 40% con financiamiento externo. Eso exige frenar la deforestación –donde la minería y la tala ilegales son actores centrales–, incentivar la eficiencia energética y elevar la participación renovable. Ninguno de esos frentes avanza solo.
Tenemos el recurso y tenemos el interés privado. Falta la institución que los conecte. Y esa, a diferencia del clima internacional, depende enteramente de nosotros.
Carlos Casas Tragodara es director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.
