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El último día de la legislatura, cuando el reloj marcaba la una de la mañana y la mayoría del país dormía, el Congreso de la República tomó una decisión que refleja el nivel de descomposición de nuestra clase política. Con la cómplice abstención de la mayor parte del Parlamento, se salvó al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, de una censura merecida.
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El cuestionamiento es bien concreto. Bajo las narices de Demartini el programa Qali Warma distribuía alimentos contaminados con hongos, heces de roedores y carne de caballo a los niños más pobres del país. ¿Cómo explicamos que quienes debían velar por el bienestar de los menores hayan decidido blindar al principal responsable político de esta tragedia?
En cualquier otro país, este sería un escándalo mayúsculo. Aquí, es un capítulo más de la indolencia y el cinismo que caracteriza a este Congreso y al Gobierno de Dina Boluarte. El mensaje es claro: los niños pobres del Perú pueden ser envenenados con alimentos que ni siquiera deberían comer los perros, y eso no merece consecuencias políticas.
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Ah, pero si los mineros ilegales lo demandan, como sucedió con la censura al exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, entonces no hay dudas ni vacilaciones: se actúa de inmediato. Así de perverso es el criterio que hoy rige en el Parlamento.
El caso de Qali Warma no es un simple error de gestión. Estamos hablando de corrupción y negligencia que afectan directamente la salud de los niños más vulnerables del país. Pero, en lugar de asumir la responsabilidad, el ministro Demartini y quienes lo respaldan han optado por el blindaje político y la estrategia de la distracción.
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Es especialmente indignante que esta decisión haya sido tomada en la madrugada, un horario que parece elegido deliberadamente para minimizar la atención pública. La votación obtuvo 64 votos a favor, insuficientes para alcanzar los 66 necesarios para la censura. Curiosamente, muchos congresistas estuvieron ausentes o simplemente no respondieron al llamado para votar, como ocurrió con los principales aliados de este Gobierno: Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP).
Mientras tanto, este mismo Congreso aprobó recientemente, con el aval del Gobierno de Dina Boluarte, una ley que derogaba la detención preliminar, favoreciendo a extorsionadores, violadores y organizaciones criminales. Aunque luego se vieron obligados a retroceder ante la indignación ciudadana, el solo hecho de que consideraran tal medida muestra cuáles son sus verdaderas prioridades.
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Estamos frente a un Parlamento que legisla en favor de mineros ilegales, de criminales y en contra de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En el Perú de hoy, los niños pobres no solo enfrentan la pobreza y la exclusión, sino también la negligencia de un Estado que debería protegerlos.
Los peruanos no podemos seguir normalizando esta clase de atropellos. Es hora de exigir un cambio real, empezando por un Congreso que legisle para la población y no para sus propios intereses. Las futuras generaciones nos juzgarán por lo que hoy permitimos o dejamos de permitir. Y la pregunta es: ¿Queremos ser recordados como una sociedad que toleró que sus niños fueran envenenados sin que nadie asuma las consecuencias?
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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