Escribe: Enrique Castillo, periodista.
La galopante inseguridad que vivimos en el país ha hecho que alrededor de esta se generen una serie de pronunciamientos, protestas, movilizaciones y demandas, desde diversos sectores. Y no es para menos.
La cantidad de asesinatos y actos delictivos de todo tipo que se producen abierta y diariamente en el país, han llevado a la población, organizada o no, a expresar su desesperación por la situación de indefensión, desamparo y desprotección en la que se sienten a toda hora y en cualquier lugar.
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Hasta la morgue ha lanzado su voz de alerta porque ya no tiene espacio ni personal para recibir tanto cadáver.
La protesta es apoyada por un gran sector de la ciudadanía, y aunque hay que reconocer que existen quienes quieren pescar a río revuelto, sea sacando ventaja protagónica, política o hasta violentista, las condiciones están dadas para que crezca el descontento y con ello las movilizaciones.
Lamentablemente la reacción del Gobierno no ha sido la adecuada hasta este momento. Si de sentido común y de manejo político se tratase (o hasta de supervivencia), la presidenta ya habría evitado que los reclamos crezcan rompiendo su asilamiento; encabezando las acciones; convocando a diferentes especialistas y sectores, incluso a los que institucionalmente encabezan la protesta; bajándole el tono y dando marcha atrás en el anuncio de la compra de aviones por miles de millones de dólares; y hasta haciendo algunos cambios necesarios en su gabinete.
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Es decir, se trataba de hacer algo voluntariamente, como un gesto de identificación y de empatía con la población que es víctima de los graves daños que la delincuencia está ocasionando.
Pero no, la actitud de los voceros del Gobierno ha sido la de confrontar y atacar, sea por terrorismo urbano o terrorismo de imagen. La actuación del Ejecutivo ha girado en torno a acciones que ya han fracasado en el pasado reciente, y que, a vista de la cantidad de muertos que contamos diariamente, no dan resultados positivos, aunque traten de convencernos forzadamente de lo contrario. Cerrar filas, defender tercamente a los suyos, y acusar a todos los demás, no es lo mejor.
Lo que presumiblemente puede ocurrir es que los paros y las protestas se multipliquen a nivel nacional, algunas se desborden, el descontento y la desaprobación crezcan, la delincuencia y los asesinatos no disminuyan, y el Ejecutivo se vea obligado a restructurarse y a tomar decisiones en retroceso. O sea, por lento tendrá que hacer al final y obligado, lo que mejor hubiera hecho al comienzo.
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Lo sorprendente es que haya un sector que, habiéndose ya opuesto a la renuncia de la presidenta para el adelanto de elecciones con el argumento de la necesidad de mantener la estabilidad, también se oponen al cambio de ministro del Interior o del primer ministro en estas circunstancias, porque señalan que no se puede estar cambiando ministros a cada rato, y nos dicen que eso no garantiza nada positivo. Adicionalmente, se oponen a que las fuerzas armadas salgan a las calles, justifican el millonario gasto en los aviones, y, además, se oponen a derogar las leyes que son señaladas como causa de la multiplicación de las organizaciones criminales.
La pregunta que cabe aquí es, entonces, ¿Qué proponen si no quieren que nadie ni nada cambie? ¿Cómo enfrentamos a la creciente delincuencia –y a los otros problemas del país– con la misma gente que viene fracasando, y con las mismas acciones que no dan resultado alguno?
Del Congreso ni hablemos, esos peces por la boca mueren.
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En el otro lado las cosas no son mejores. Las demandas de quienes protestan han sido varias, unas más generales y otras que quieren más de lo mismo: desde la renuncia de la presidenta, censura o renuncia del ministro del Interior, mayor protección policial, más estados de emergencia y prórroga de los que ya hay, penas más severas, derogatoria de leyes en el Congreso, pena de muerte, o hasta retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y, si bien, la desesperación de la población justifica la improvisación, corresponde a los gremios o a las instituciones tratar de definir qué se quiere o que se exige realmente para que el gobierno encare con decisión este grave problema.
Hay quienes creen que no se trata de normas o de acciones reactivas o improvisadas, sino de políticas y estrategias, y estas son diseñadas y definidas por personas y especialistas. Hay que buscar a los mejores, porque nadie logra mejores resultados con la misma gente que ya ha fracasado.
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¿Usted, en su casa o en su empresa, mantendría en sus puestos a quienes demuestran ineficiencia y le generan un ambiente de confrontación y conflicto?
Con dos posiciones tan antagónicas, las posibilidades de encontrar algún punto de encuentro son muy bajas. Y lo que necesitamos precisamente es algo de consenso.
Lamentablemente tampoco hay un líder, un partido, un candidato/a, o una institución con ese liderazgo como para acercar las posiciones.
Una pena, porque al otro lado quienes celebran y ríen son los delincuentes.
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