Yo simplifico, tú simplificas, ¡simplifiquemos!

Sufrimos de una “tramititis” aguda que no ha podido ser curada del todo, pese a que desde 1989, que se aprobó la Ley de Simplificación Administrativa, hasta ahora, se han adoptado varias medidas —algunas más exitosas, otras no tanto— para curarnos de esta enfermedad.

Contamos con un régimen de eliminación de barreras burocráticas que, si bien ha logrado inaplicar barreras ilegales y carentes de razonabilidad, todavía no ha conseguido erradicarlas por completo o evitar que una misma barrera inaplicada para un caso pueda imponerse en otro caso, en otro periodo. También contamos con la herramienta del Análisis de Calidad Regulatoria (o ACR) que busca eliminar aquellos procedimientos o trámites que no sean legales o necesarios y cuya aplicación en las entidades del Poder Ejecutivo significó en el año 2019 un ahorro de S/ 286.3 millones. Sin embargo, todavía no hemos logrado hacer esta “limpieza” en los gobiernos locales y regionales.

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En el año 2013 (hace 10 años) se llevó a cabo el último proceso de identificación de normas que perdieron vigencia, en una suerte de limpieza de nuestro abultado ordenamiento. Solo entre 2001 y 2013 llegaron a ser 6,900 normas, luego de ello nunca más se volvió a realizar este ejercicio. Según cifras al año 2022 de la PCM, en los últimos 20 años se han registrado aproximadamente 290,000 normas, por lo que tenemos mucho por limpiar. Además, si bien nuestra legislación nos permite hacer un costeo de regulaciones, no se cuenta con esa información, lo que hace más difícil la labor de simplificación, pues no es posible contrastar ese sobrecosto que afecta al ciudadano y a la empresa.

Contamos con el marco, los instrumentos y las medidas apropiadas para llevar a cabo acciones de simplificación efectivas —tal vez podríamos evaluar necesidades de mejora—. Pero poco o nada se podrá avanzar si el funcionario público no percibe el valor de la simplificación. Se han habilitado mesas de parte virtuales para la recepción de solicitudes; pese a ello, entidades como el Ministerio de Educación, la Sunat, Sunafil, OEFA y Osinergmin aplicaban restricciones horarias para la presentación de documentos. Hace un par de días, el gerente legal y regulatorio de Comex, Jaime Dupuy, alertó sobre una propuesta de ley preocupante, que crearía un nuevo procedimiento para el transporte motorizado de delivery, sin considerar los costos y efectos que esta norma generaría para el conductor, la empresa y los consumidores. Una norma más, un trámite más, mayores costos.

¿Qué hay en común entre estos ejemplos? La seducción del uso del recurso fácil —la regulación y el trámite no pensado— y una miopía monumental que impide al funcionario poner al centro de toda decisión las necesidades de la sociedad.

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