La culminación de la primera vuelta electoral nos sitúa ante una encrucijada que va más allá de elegir entre dos opciones para liderar el Poder Ejecutivo; nos presenta también una oportunidad única para que la sociedad civil, la academia y el sector privado tomen la iniciativa de poner en la agenda de ambas candidaturas los temas clave que han estado ausentes del debate en lo que va de la campaña.
No podemos permitirnos ser observadores pasivos mientras los políticos evitan comprometerse con temas centrales para retomar la senda de desarrollo en el Perú. Por supuesto que hay muchos temas relevantes e imprescindibles en la agenda, pero varios de ellos sí han estado presentes en las propuestas de los candidatos (seguridad ciudadana, crecimiento económico, lucha contra la corrupción, desarrollo de las micro y pequeñas empresas, empleo, etcétera.). Ninguno de esos temas logrará avances significativos si el Estado no funciona o si los ciudadanos más vulnerables no encuentran rutas de progreso que les permitan ejercer sus derechos y participar activamente en las oportunidades derivadas del crecimiento.
Si queremos retomar la senda del desarrollo, tan debilitada en los últimos años, debemos involucrarnos activamente para exigir compromisos técnicos y políticos en temas pilares que han estado ausentes de las propuestas en la primera vuelta electoral.
1. Garantizar la sostenibilidad fiscal
Como ha advertido el Consejo Fiscal, uno de los pilares de nuestra estabilidad macroeconómica está bajo amenaza. Actualmente, el superciclo de precios de exportación actúa como un analgésico que oculta las debilidades fiscales estructurales. Sin embargo, esta bonanza externa no será eterna. Si no se generan compromisos para reformar las finanzas públicas, marcadas por un gasto público creciente, rígido e ineficaz, con gastos de mala calidad y sistemas de asignación de gastos y de beneficios tributarios altamente inequitativos, el país enfrentará serias dificultades para sostener sus finanzas cuando el viento internacional deje de soplar a favor.
Sin un compromiso del nuevo Poder Ejecutivo, claro y fuerte, sobre este asunto veremos más de lo mismo desde el nuevo Congreso y con ello perderemos nuestra mayor fortaleza macroeconómica.
2. Atender la emergencia social y alimentaria
La situación es grave: somos el segundo país de la región con mayor inseguridad alimentaria y a pesar de la recuperación de los ingresos de las familias de menores recursos, aún un alto porcentaje de peruanos, pobres y no pobres, enfrenta restricciones para acceder, en cantidad y calidad, a los alimentos que su hogar requiere, a pesar de que somos un país con una producción de alimentos diversa y suficiente para asegurar una buena alimentación para toda la población. Atender este desafío implica exigir políticas de protección social efectivas.
La economía no puede crecer de forma sostenida con niveles de pobreza superiores a los de la prepandemia y un sistema de protección social en retroceso. Resulta alarmante que el Perú, otrora referente en la reducción de la pobreza, hoy ocupe los últimos lugares en la región en materia de recuperación de la senda de reducción de la pobreza monetaria y que aún no haya logrado establecer una medida oficial de pobreza multidimensional, como sí lo tienen varios países de la región.
Sin una acción estatal consistente para enfrentar la pobreza y el hambre, y para mejorar continuamente el acceso de los ciudadanos a servicios mínimos y de calidad (acceso a medicamentos, servicios educativos de calidad, vacunas, etcétera.), las posibilidades de crecer, de reducir la informalidad o de incrementar la productividad y la competitividad del país seguirán erosionándose.
3. Retomar acciones para tener un sector público meritocrático
Finalmente, ningún plan económico tendrá éxito si no se recuperan las capacidades estatales para ejecutarlo. El Estado opera a través de múltiples sistemas, pero estos carecen de valor sin equipos humanos capaces de operarlos con eficacia para lograr el bienestar ciudadano. Es imposible avanzar sin retomar un compromiso firme con un servicio público meritocrático.
Requerimos un acuerdo político que asegure que los mejores servidores serán reclutados y retenidos según criterios de mérito para gestionar los recursos y servicios del sector público. Solo así podremos garantizar que la inversión en infraestructura se culmine a tiempo y que los servicios públicos se provean con la calidad, pertinencia y escala suficientes para atender las necesidades de la población. Un Estado que ejecuta con responsabilidad, eficacia y eficiencia es la única herramienta capaz de transformar el crecimiento económico en desarrollo.
Que esta campaña de segunda vuelta no se quede en debates estériles y polarizados que eluden lo esencial, sino que la aprovechemos para incidir en la generación de acuerdos sobre lo verdaderamente importante para retomar el desarrollo del país. La estabilidad y el progreso del país dependen de nuestra capacidad para forzar estos acuerdos técnicos y políticos antes de que sea tarde.
Carolina Trivelli es investigadora principal del IEP.
