En el Perú, la esperanza suele convertirse en una trampa. Cada proceso electoral nos sumerge en la ilusión de que “el susto ya pasó” y de que, finalmente, todo marchará según un plan. Pero la realidad es más cruda: no tenemos un plan. La última vez que una segunda vuelta prometió institucionalidad fue en 2016, y el desenlace es conocido por todos: casi una década de caos. Hoy, la situación es sensiblemente más grave; nuestra solidez macrofiscal y nuestras instituciones están mucho más debilitadas que hace diez años.
Para entender hacia dónde nos dirigimos, basta con mirar a nuestros vecinos. Brasil y Colombia ostentaban durante años el grado de inversión, ese sello de calidad que le indica al mundo que un país es un pagador serio y ordenado, capaz de acceder a financiamiento a tasas preferenciales. Sin embargo, ambos dejaron de hacerlo.
En Brasil, la deuda pública superó el 70% del PBI; en Colombia, se elevó por encima del 60%. El problema no fue solo el nivel de endeudamiento, sino su composición: gran parte se destinó a financiar gasto corriente, sin señales de una estrategia creíble para contener el déficit.
En ambos casos, el Congreso, la oposición y la opinión pública se alinearon en contra (algo previsible), mientras que al frente había un Ministerio de Economía sin peso político y un Ejecutivo con claros sesgos populistas. El desenlace fue inevitable: Brasil perdió el grado de inversión en 2015 y Colombia, en 2021.
Perder esta categoría no es un trámite administrativo; es un verdadero desastre financiero. Antes de la crisis, Brasil se endeudaba a tasas menores al 12%, mientras que Colombia lo hacía por debajo del 6%. Tras perder la confianza de los mercados, la tasa de Brasil se disparó por encima del 15% y la de Colombia superó el 8%.
Para aterrizar las cifras: por cada punto porcentual adicional en la tasa de interés provocado por el desorden político, Brasil debe pagar alrededor de USD 18,000 millones más en intereses cada año; Colombia, cerca de USD 3,000 millones; y el Perú, aproximadamente USD 1,000 millones.
Estas cifras no son triviales: ese gasto adicional sale directamente de nuestros bolsillos y anula la capacidad de inversión del Estado. Para ponerlo en perspectiva, la construcción de un hospital de alta complejidad, como el Sergio Bernales, cuesta menos de USD 300 millones, y un colegio de alta tecnología representa apenas una fracción de ese monto. Resulta alarmante imaginar cuántos hospitales y escuelas dejamos de construir simplemente por pagar el costo de la desconfianza internacional.
Aunque el Perú aún conserva el grado de inversión, estamos transitando exactamente el mismo camino que terminó por arruinar a nuestros vecinos. El ratio de deuda pública sobre el PBI pasó del 23% en 2015 a un 33% proyectado para 2025. Más preocupante aún es que una parte significativa de este endeudamiento se ha destinado a financiar gasto corriente, en un contexto de inestabilidad política sin precedentes.
Según el Consejo Fiscal, 2025 marcó un hito negativo: por primera vez desde la introducción de las reglas fiscales, a inicios de los años 2000, el país registró tres años consecutivos de incumplimiento.
Mientras el Congreso aprueba leyes populistas que generan obligaciones fiscales por más de USD 3,300 millones anuales —como nivelaciones de pensiones y beneficios laborales sin sustento técnico—, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) parece haber claudicado. Se han promulgado 26 normas nocivas para la estabilidad fiscal sin que el Ejecutivo las observe ni las cuestione ante el Tribunal Constitucional.
Hoy, el país sobrevive en buena medida gracias a que los precios de los metales se mantienen en niveles históricamente altos; si estos volvieran a los niveles de hace apenas un par de años, el panorama sería muy distinto.
El siguiente presidente del Perú no heredará un país listo para atraer la inversión, sino una tarea urgente: reforzar la institucionalidad y sanear la situación macrofiscal. Esto no admite soluciones graduales; requiere cirugía de emergencia. Si queremos evitar el destino de Brasil y Colombia, el primer paso es devolverle al Ministerio de Economía y Finanzas la autoridad técnica y política que nunca debió perder y que hoy resulta indispensable para reordenar el país.
Joswilb Vega es Chief Investment Officer de Profuturo AFP.
