Obligatoriedad de la factura electrónica: ¿Cuánto hemos avanzado?

En un mundo globalizado, es indudable que la tecnología ha revolucionado las dinámicas estructurales de diversos sectores, entre ellos, y con mayor impacto, el empresarial. Es por ello que este sector se ve en la necesidad de replantear sus procesos y los modos cómo hacen negocios para continuar vigentes y a la vanguardia. La transformación digital ha permitido que los procesos se optimicen a bajos costos.

En este sentido, la facturación electrónica representa una de las herramientas de transformación digital que contribuye mucho con la mejora del sector empresarial, consiguiendo ahorros importantes de tiempo, traslado, procesos y costos debido a la aceleración de la gestión administrativa contable, además de mejorar mucho el servicio al cliente y favorecer los protocolos sanitarios sin contacto. La facturación electrónica es promovida por la Sunat y obligatoria para grandes empresas desde el 2014. Desde 2018 se incorpora gran parte de los sectores económicos y desde 2020 se exhorta su uso a todos los contribuyentes, contemplando tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, las mismas que deben encontrarse habilitadas y habidas.

Es un hecho que las herramientas digitales han ayudado al desarrollo de América Latina, logrando su posicionamiento en el mercado global, con reconocimiento, innovación y dinamización de sus recursos. En el caso peruano, a la fecha, 230 mil empresas vienen emitiendo comprobantes de pago electrónicos, lo que representa la emisión de 700 comprobantes diarios y 18 mil al mes por empresa, según cifras de la Sunat. Esta cifra se incrementa exponencialmente cada año, generando mayor bienestar para el sector empresarial que comprueba con su uso los grandes beneficios que genera, más allá de ser o no obligatorio.

Por otro lado, la falta de acceso a internet es para muchos contribuyentes una de las principales limitaciones para lograr una transformación digital completa. Dicha brecha, junto a otras razones que van desde lo cultural hasta lo político, se puede ver reflejada en las constantes postergaciones que la Sunat ha emitido para la obligatoriedad.

La empresa privada en general, sin diferenciar sectores ni tamaños, debería voltear de forma decidida hacia la transformación digital como camino de crecimiento, consolidación, y más acorde a la realidad de hoy que la virtualidad ha ganado todos los espacios comerciales, familiares e institucionales. En ese marco, es el Estado el llamado a fomentar no solo desde la obligatoriedad, sino desde incentivos para los emisores electrónicos y democratización de servicios necesarios como el internet o una adecuada plataforma pública de emisión. Existe una pero no llena las expectativas para que un emprendedor decida dejar el papel.

Sabemos que es deseable alcanzar la masificación electrónica para el año 2022, pero para ello necesitamos considerar todos los factores que afectan su cumplimiento.

Entre todos podemos avanzar hacia una transformación digital integral, segura y rentable.