Toyama: “Para mejorar la situación de los informales necesitamos políticas para los que están en mayor desventaja”

Como diría César Vallejo, “son pocos; pero son”. Somos aproximadamente 5 millones de peruanos los que estamos regularmente asegurados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos, asegurados o protegidos también ante accidentes, enfermedades, fallecimiento o invalidez total y jubilación. Y protegemos a nuestras familias también. Ante un accidente, seguimos recibiendo nuestros sueldos puntualmente, tenemos atención médica y rehabilitación. Si no podemos trabajar, existe una pensión de invalidez o, si fallecemos, pensiones de orfandad y viudez más seguros de vida.

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Nuestras familias también reciben atenciones médicas y dependiendo del lugar donde trabajemos, hay seguros adicionales, ayudas escolares, fiestas de Navidad para los hijos, permisos para atenciones médicas de familiares, etc. Los más protegidos tenemos la oportunidad de atendernos en entidades privadas, con mejor calidad y atención inmediata. Somos trabajadores públicos y privados que gozamos de 16 feriados y vacaciones anuales. También de los futuros feriados (¿recuperables?) por el encuentro de APEC. Si laboramos horas extras o un feriado, solemos recibir pagos adicionales. Muchos tienen gratificaciones, CTS, asignación familiar, etc. Y un grupo trabaja híbrido, evitándose el caos del tráfico urbano, menos estrés y mejor calidad de vida.

Del total de estos 5 millones, la mitad es estable y el resto labora en forma temporal, por horas o temporadas. Pero ante un despido arbitrario, la mayoría tiene acceso a una indemnización o, inclusive, a reposición con el pago de remuneraciones devengadas. Los ingresos promedio superan el mínimo vital, de hecho la casi totalidad supera la línea de pobreza del Inei. Los mejores sueldos promedios están en el Estado hoy en día.

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Las grandes mayorías

Pero, tenemos a los que no son. Es decir, la mayoría de nuestros compatriotas. Aproximadamente, son más de 12 millones que trabajan, pero que no tienen seguros integrales o si los tienen, son parciales o con limitadas coberturas. Hay millones de informales sin ningún seguro, solo con SIS y si son formales, solo con EPS, trabajadores de microempresas con pocos beneficios y coberturas limitadas o trabajadores y emprendedores con RUC pero sin seguros. La desprotección arrastra a sus familias. Si se accidentan, hay dificultades para atenciones médicas. Si no trabajan, no hay subsidios que los protejan, solo ahorros o deudas. Si ya no pueden trabajar, no hay pensiones de invalidez. Tampoco hay chance de reconvertirse con asistencia estatal. Si fallecen, no hay pensiones de viudez ni orfandad. En ocasiones, hay hasta colectas para sufragar los gastos de sepelio.

La mayoría de los peruanos pobres está en este colectivo. Muchos ganan menos del mínimo vital. Otros laboran por horas, a veces en planillas, con chispas de protección social. El acceso al crédito financiero es muy bajo para comenzar o desarrollar emprendimientos. Si no trabajan un feriado o se toman vacaciones, no cobran nada. No tienen gratificaciones de julio y diciembre, CTS, menos canasta navideña. No hay tutela ante un despido ya sea porque son informales asalariados o son independientes.

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¿Qué hace el Estado por esta mayoría de peruanos vulnerables? Muy poco. Casi toda la atención regulatoria está para más feriados (4 en los últimos 2 años), impedir que el teletrabajador pueda conciliar su vida familiar y personal cuando labora en casa, mejoran las leyes procesales pero solo para los que tienen la chance de demandar derechos, etc.

La informalidad y la desprotección social son fenómenos extendidos en muchos países, pero en el nuestro son mayores. Para abordar la enorme desigualdad y mejorar la situación de los trabajadores informales o sin protección social (reiteramos, hay peruanos que pagan impuestos, pero no tienen protección de salud, pensiones y/o invalidez), es esencial implementar leyes y políticas dirigidas específicamente a los que están en mayor desventaja. Requerimos ampliar la cobertura de la seguridad social para incluir a los trabajadores y sus familias sin protección social. Se deben crear sistemas de seguridad social más flexibles y adaptados a la realidad del trabajo informal, como contribuciones proporcionales al ingreso o cofinanciados por el Estado, subsidios temporales para períodos sin trabajo, planes de aseguramiento compartidos y/o colectivos, etc. Tampoco existe un lugar físico o una plataforma amigable en internet donde el Estado les diga cómo asegurarse, qué opciones tienen para tener un seguro de vida o de invalidez, cómo proteger a sus hijos, cuáles son las diferencias entre la AFP y ONP, qué son las EPS y cómo se diferencia de EsSalud, etc.

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La educación y la formación profesional son instrumentos ineludibles para empoderar a los compatriotas informales o con baja protección social. Como hemos comentado antes, las brechas entre la escasez del talento y la enorme demanda de profesionales y técnicos son muy altas (Gestión 27.03.2024). El Estado tiene que intervenir en la educación para persuadir (inclusive en algunos países hay cupos de estudios) y evitar que los jóvenes estudien profesiones que están sobre pobladas y más bien se orienten hacia estudios de ingeniería, medicina y especialmente, tecnología.

Hay pocos incentivos fiscales y financieros a los emprendedores. Lamentablemente, burocracia sigue vigente. La inclusión previsional del trabajador y su familia es tan vital como la vida misma. Si los gobiernos, el Congreso y la sociedad misma no intervienen activa y profundamente, no avanzaremos y los peruanos seguirán recibiendo, como el poema de Vallejo, golpes tan fuertes –y el Estado dirá– ¡yo no sé!

SOBRE EL AUTOR

Jorge Toyama