Escribe: Leonie Roca, presidenta de AFIN.
Bastante consenso hay en que no logramos destrabar proyectos, en que tenemos un Estado enredado, aterrorizado de la Contraloría, que espanta a cualquiera con ánimo de decisión. El diagnóstico está, todos lo conocemos. Sin embargo, el aeropuerto de Lima viene avanzando a toda marcha, el puerto de Chancay se inaugurará en noviembre, el Muelle Sur se inauguró en abril, el Muelle Norte, en el Callao, va avanzando una tremenda inversión, el Anillo Vial Periférico fue adjudicado y la Línea 2 del Metro de Lima, avanza.
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Nos quedan aún dos años por delante antes de tener un Gobierno instalado por elecciones con un Parlamento que, esperemos, permita que el Ejecutivo no esté tan maniatado al no contar con una representación congresal. Entre tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos dejar en la mesa cientos de millones de dólares de inversión adicional que no prosperan por trámites (o extorsiones) municipales, por licencias absurdas, por todo eso que el diagnóstico ya nos muestra pero que parece complejo de solucionar? Aquí van algunas ideas.
Primero, una ley que establezca alguna instancia que de manera muy ágil resuelva estos entrampamientos que hoy son moneda corriente a nivel subnacional. Sería algo así como la comisión de barreras burocráticas, pero que no mire normas, sino actos administrativos. Hay que dotarla de gente y dinero, y un marco legal que permita resolver estos entrampamientos en plazos muy cortos. El Indecopi podría recibir este encargo como extensión al que ya tiene en barreras burocráticas.
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Segundo, establecer por ley una sanción pecuniaria a las autoridades que no cumplen con plazos para emitir informes o reportes o que obstaculizan los proyectos. La Contraloría podría jugar un rol importante aquí, en lugar de continuar siendo una de esas instituciones. Veamos la barbaridad reciente pretendiendo demorar la construcción de las vías que permitirán salir del nuevo aeropuerto con los puentes temporales.
Tercero, acelerar dos líneas de trabajo en ProInversión: los contratos de largo plazo de operación y mantenimiento de infraestructuras (OYM) ya construidas por obra pública. Ya se está avanzando con los OYM de carreteras, pero hay muchos colegios maravillosos u hospitales construidos en el marco de convenios de Gobierno a Gobierno, que se caerán en pedazos en unos años si no aseguramos un debido mantenimiento. Otra línea de trabajo de ProInversión podría ser hacer un sondeo entre los concesionarios actuales de su intención de hacer mayores inversiones contra prórrogas de sus contratos. Hay muchos contratos de concesión venciendo los próximos 10 años que podrían traer planes interesantes de inversión que serían rápidamente ejecutados. No olvidemos que relicitar nos va a tomar los tiempos usuales, que pueden fluctuar entre cuatro y 10 años.
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