Primeras tareas congresales

Los riesgos no son menores. La posibilidad de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño exige prevención, inversión oportuna y una ejecución pública mucho más eficaz. A ello se suman conflictos sociales vinculados a actividades extractivas e ilegales-, inseguridad ciudadana y una presión constante por expandir el gasto sin fuentes claras de financiamiento. Las próximas elecciones regionales y municipales también pueden elevar la tentación de iniciativas populistas, fragmentadas y de corto plazo. El entorno externo tampoco ofrece comodidad. Una economía mundial más fragmentada, tensiones geopolíticas entre potencias, conflictos armados que alteran cadenas de suministro, volatilidad en precios de materias primas y eventuales episodios de desaceleración en socios comerciales relevantes configuran un escenario exigente. Para una economía abierta como la peruana, la política exterior, la defensa de los acuerdos comerciales, la atracción de inversión y la capacidad de posicionarse con seriedad en foros internacionales no son temas decorativos: son parte de la política económica.

LEA TAMBIÉN: Perú-Brasil: profundizar, sí; blindarse, también

Por eso, la primera gran decisión económica del nuevo Parlamento no será necesariamente una ley, sino su arquitectura de poder. La conformación de las mesas directivas de ambas cámaras, la distribución de presidencias de comisiones y la elección de autoridades internas determinarán si el Congreso contribuye a la gobernabilidad o, por el contrario, se convierte en un factor adicional de incertidumbre. En un sistema bicameral, esta organización es todavía más importante, porque multiplica espacios de deliberación, negociación y eventual bloqueo. La bicameralidad puede mejorar la calidad legislativa, pero también puede encarecer y ralentizar decisiones si no existe un mínimo de coordinación política. La Comisión Bicameral de Presupuesto será una pieza central. Su conducción debería guardar coherencia con el mandato expresado en las urnas y con los objetivos generales del gobierno elegido. Ello no significa abdicar del control político ni debilitar la fiscalización parlamentaria. Significa reconocer que el presupuesto es el principal instrumento de política pública y que su fragmentación mediante iniciativas aisladas puede terminar desarmando cualquier estrategia de desarrollo antes de que empiece a ejecutarse.

LEA TAMBIÉN: ¿Armamento o mantequilla? El eterno dilema

El Congreso debe fiscalizar, corregir y exigir resultados; pero no debería sustituir la programación presupuestal por una competencia de gastos sin sustento técnico.

El Congreso saliente deja una advertencia concreta. La aprobación de leyes que generan gasto permanente, beneficios sin evaluación suficiente y medidas con impacto fiscal acumulativo, sumadas al crédito suplementario por S/ 9.596 millones propuesto por el Ejecutivo, incrementan las presiones sobre las cuentas públicas. Aunque el Perú conserva fortalezas macroeconómicas importantes, la disciplina fiscal no es un activo inagotable. Se construye durante años y puede erosionarse rápidamente cuando el gasto corriente crece sin productividad, cuando se multiplican excepciones y cuando las decisiones fiscales responden más a incentivos políticos inmediatos que a prioridades nacionales.

La tarea del nuevo Congreso debería ser ordenar prioridades. Prevención frente a desastres naturales, cierre de obras avanzadas, seguridad ciudadana, infraestructura logística, educación, salud, agua y saneamiento ofrecen retornos económicos y sociales mayores que la expansión de planillas sin respaldo técnico o la proliferación de proyectos de baja calidad. La pregunta no puede ser solo cuánto gastar, sino cómo gastar mejor, qué gasto genera productividad, qué inversión reduce vulnerabilidades y qué intervenciones permiten cerrar brechas territoriales sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Pero la agenda económica del Congreso no termina en el presupuesto. Las comisiones vinculadas a economía, Constitución, justicia, etc. serán determinantes para el clima de inversión y la estabilidad institucional. En un mundo de tensiones comerciales, geopolíticas y competencia por inversiones, el Congreso deberá actuar con responsabilidad en la defensa de intereses soberanos en compromisos internacionales y el acompañamiento de una inserción inteligente del Perú en la economía global. También lo serán los procesos de nombramiento de altas autoridades. Designar funcionarios por mérito, experiencia y solvencia profesional, y no por cuotas partidarias, influirá directamente en la confianza de los ciudadanos, la independencia de las instituciones y la percepción de riesgo del país.

LEA TAMBIÉN: Transición política y riesgo macroeconómico: preservar la credibilidad en año electoral

La nueva composición parlamentaria obligará a negociar. Cada bancada tendrá representación y espacios de influencia. Eso es parte natural de la democracia. Lo importante es que la distribución de presidencias no responda únicamente a aritmética partidaria, sino a criterios de responsabilidad institucional. Habrá comisiones que puedan ser lideradas por distintas fuerzas políticas, pero aquellas con impacto directo sobre el presupuesto, la estabilidad macroeconómica, la institucionalidad y la inserción internacional deben estar en manos capaces de construir acuerdos sin poner en riesgo la economía. Antes de instalarse formalmente, las bancadas deberían empezar a conversar. Una suerte de junta de portavoces en la sombra permitiría ordenar expectativas, identificar coincidencias mínimas y evitar que la primera negociación del nuevo Congreso sea una disputa improvisada por cuotas de poder. La bicameralidad agregará valor solo si mejora la deliberación, fortalece los contrapesos y contiene las tentaciones del populismo fiscal e institucional. Si se convierte en doble trámite, doble reparto o doble bloqueo, será una oportunidad perdida de generar confianza desde la Política.

SOBRE EL AUTOR

Mercedes Araoz Fernández