Mientras que por un lado el Ejecutivo retrocede en su afán de limitar actividades como la minería (ver página 11) y declara estar a favor de las inversiones privadas, por otro lado, mantendría ese propósito de limitar estas actividades a través de otras medidas.
Por ejemplo, según fuentes cercanas al Ejecutivo, desde el Gobierno se estaría elaborando modificaciones a la normatividad vigente sobre el ordenamiento territorial, las cuales, entre otros, tendrían como fin limitar actividades económicas en determinados territorios. El proyecto en ciernes deberá ser elevado al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que ocurriría en los próximos días, y luego remitido al Congreso para su aprobación.
Ante ello, la pregunta de hoy es:
¿Cree que cada gobierno regional debe decidir qué actividades económicas se desarrollan en sus territorios?
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