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Las Asociaciones Público Privadas (APP) son contratos suscritos entre el Estado y una empresa en el marco de un proceso de licitación abierto, en el cual el primero encarga al segundo diseñar, construir, operar y/o mantener una infraestructura de servicios públicos.
En el marco de estos arreglos contractuales, se define las inversiones a ejecutar, los precios o tarifas a cobrar, el estándar de los servicios a entregar y el mantenimiento de la infraestructura.
A diferencia de la obra pública, con un contrato de APP no solo hay infraestructura.
Hay, fundamentalmente, servicio con estándares garantizados y materia de supervisión, que es lo realmente relevante. ¿De qué sirve invertir en colegios y hospitales que luego de unos años sin mantenimiento se caen a pedazos? ¿O tener infraestructuras modernas que no ofrecen ninguna garantía de calidad de servicio?
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El foco en una APP está, pues, en la calidad del servicio y la obligación de preservar la infraestructura para que no se pierda la inversión por el transcurso del tiempo.
Por ejemplo, reconstruir una carretera mal mantenida cuesta siete veces más que cuando se le mantiene adecuadamente.
La pregunta es, entonces, ¿por qué no tenemos más APP? Y la respuesta admite varias hipótesis.
La primera es que, en general, al Estado le cuesta ¨soltar¨ porque los funcionarios de turno u organizaciones sindicales públicas pierden poder.
Poder de atender mejor a los poderosos, de repartir favores, de amarrar licitaciones públicas, de mejorar sus propias condiciones de atención. Poder que deberíamos tener los ciudadanos para exigir buenos servicios.
La segunda es más ideológica. La discusión aquí se centra en que tanto el financiamiento de un servicio como su prestación deben ser públicos.
Nuevamente, no ponemos a las personas en el eje de las decisiones. Si el servicio lo presta mejor un privado, aunque el financiamiento sea público, ¿por qué insistir en que lo siga dando el Estado?
La tercera es la más penosa de las hipótesis: el temor. Temor al control, temor a los escándalos de Lava Jato y otros del pasado. Lo curioso es que hubo más corrupción en la obra pública que en las APP y a nadie se le ocurre sugerir que no se ejecute más obra pública.
Si queremos construir un país sostenible, tenemos que poner a la gente como prioridad y utilizar el mejor camino, el más eficiente, para garantizarles aquellos servicios que nuestra Constitución hoy les garantiza en su texto, pero no en la realidad, ya sea por ideología, hambre de poder o temor. Penoso.
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