Escribe: Verónica Zavala, directora independiente
Piensa mal y acertarás es un refrán español que he oído mucho más en el Perú que en otros países de la región. No sorprende, pues la frase refleja una sociedad en la que prima la desconfianza: Perú es el segundo país en Latinoamérica donde menos se confía en la gente (Ipsos, 2022). Esta desconfianza tiene múltiples consecuencias, pero quisiera comentar algunas en el ámbito de las políticas públicas.
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Un ejemplo son las políticas innovadoras que requieren de un espacio seguro para el aprendizaje, lo cual implica aceptar que habrá errores. Si las máximas instancias y los órganos de control piensan mal para acertar o tienen miedo de que la sociedad piense mal de sus acciones, no habrá innovación.
No es difícil imaginar un órgano de control pensando lo peor si un programa público financia con recursos a un innovador privado, el innovador fracasa y no puede devolver los recursos. Y, si bien es cierto que finalmente hubo programas de innovación, estos fueron más tardíos, más acotados y con muchos más obstáculos que en otros países y por tanto tuvieron menos impacto positivo. Otro caso en el que me quiero centrar es el de las políticas de promoción de inversiones en activos y empresas públicas o en Asociaciones Público Privadas (APP) que siempre fueron miradas con recelo, aun cuando el Perú era un ejemplo regional de profesionalismo y transparencia. Treinta años más tarde, todavía no se entiende la lógica de las APP ni sus procedimientos. Por ejemplo, escuchar formal y equitativamente a los postores y, cuando resulta conveniente, aceptar sus sugerencias abre espacio para pensar mal y supuestamente acertar. Peor, si existió Lavajato.
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Muchos buenos funcionarios públicos de gobiernos pasados hoy son víctimas de esta cultura de sospecha. Me atrevería a decir que los mejores pagan más frecuentemente y más caro haber entrado a servir al Estado. Es el caso, por ejemplo, de la exministra de Economía Toni Alva a quien se le abrieron investigaciones por la compra de pruebas rápidas durante la pandemia además de interpelarla por el programa Reactiva Perú. Ella sigue enfrentando juicios.
Hay ejemplos aún más duros y que tienen menos interés mediático porque no se trata de exministros. Uno reciente es la sentencia de la Corte Superior –actuando en primera instancia– contra Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo por supuesta colusión con Alejandro Toledo en el caso de la Interoceánica. En este caso, el sistema de justicia ha llegado a un nuevo nivel de disfuncionalidad e injusticia. Estos dos exfuncionarios que ni conocen a Toledo, han sido condenados para poder darle más años de pena a este último. Sin evidencias, sin haberse podido probar daño al Estado o dolo, se les condena utilitariamente y, también, porque no se entiende ni a ellos ni al sistema de APP.
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Así las cosas, seguiremos espantando a los correctos que quieren trabajar para mejorar el Estado y seguiremos contando cada vez más con solo dos tipos de servidores: honestos mediocres que hacen lo mínimo para evitarse problemas y aquellos que tienen una agenda subalterna y que se rigen por el interés. Pésimas noticias para un país que necesita urgentemente reformas, innovación y más inversión privada.
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