Experto en Seguridad y ex Ministro del Interior
La proliferación de delitos relacionados con la suplantación de identidad en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional, tan solo en lo que va del 2023 se denunciaron 1,588 casos de fraude informático. Una modalidad cada vez más frecuente es recibir llamadas amenazantes, provenientes de números desconocidos o no registrados, que buscan extorsionar a las víctimas para que realicen transferencias de dinero o actúen bajo coacción.
Según cifras de Osiptel, se estima que al día se reportan más de 7 mil teléfonos móviles robados o perdidos en el país. Uno de los asuntos que facilita este mercado ilegal es la adquisición de chips callejeros y la venta de teléfonos celulares robados. Lamentablemente, es una actividad muy sencilla en nuestro país. La falta de vigilancia y control en este negocio ha creado un entorno propicio para la delincuencia lo que deja como resultado un alto porcentaje de victimización en el Perú, especialmente en delitos patrimoniales y extorsiones. Esto hace evidente la necesidad de exigir responsabilidades a las empresas que están actuando dolosamente con una lógica capitalista torcida.
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A pesar de las medidas impuestas por Osiptel, que prohíben la venta de chips en la vía pública, diversas operadoras móviles continúan incumpliendo esta prohibición sin consecuencias efectivas para ellas. Es preocupante que, zonas comerciales como Cachina, Mesa Redonda y Gamarra, se hayan convertido en focos donde la venta informal de chips continúa sin restricciones, según Osiptel por parte de las operadoras. En estos puntos inclusive se ofrece la venta de lotes de chips adquiridos con identidades falsas por parte de delincuentes, quienes los utilizan para realizar llamadas extorsivas, cobrar cupos y llevar a cabo estafas y fraudes, que se han propagado rápidamente en todo el país, poniendo en riesgo la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
Y aunque no existe un registro oficial de fraudes realizados, la clonación de identidad a través de la suplantación de chips se ha incrementado considerablemente. Las cifras reportadas por Osiptel, sobre los cuestionamientos de titularidad de servicios móviles prepagos, indican la magnitud del problema, pues solo en el 2022 superaron los 4 mil delitos perpetuados.
Asimismo, según el órgano regulador, solo en el primer semestre del 2023 las operadoras de telefonía móvil han activado (dado de alta) más de 4 millones de líneas prepago. A un redondeo de 10 nuevos soles por cada chip, esto representaría más de 40 millones de soles. De estas, hay un amplio porcentaje que es de venta ambulatoria.
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Ante ello y el evidente desacato a la autoridad de algunas empresas un equipo de expertos en criminalidad organizada estamos trabajando sobre los alcances y daños ocasionados a nuestra seguridad con la venta de los chips callejeros. Considerando que, además del costo derivado de la pérdida o robo de estos teléfonos, existen otros riesgos como el uso de datos de las víctimas para hacer compras fraudulentas, estafas o préstamos no solicitados. Son millones de soles los que pierden los ciudadanos productos de estos delitos, además del riesgo intrínseco a su propia vida.
Por su lado, el Pleno del Congreso aprobó el PL 2151-CR/2021 que prohíbe la venta ambulatoria de chips y asigna responsabilidad administrativa a quienes lo hagan y dispone de multas para los mismos. A pesar de que Osiptel parece verse doblegado por el afán irresponsable de las operadoras que prefieren pagar dichas multas, el proyecto parece ser un punto de partida para la entidad regulatoria.
Ya hemos empezado a ver operativos policiales contra las bandas de vendedores de estos chips callejeros. Pero para frenar esta ola necesitamos el concurso de todos los actores involucrados, especialmente de las empresas que se siguen guiando por las cuotas del mercado y la ganancia a costa de la seguridad de los peruanos.
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