Obras por impuestos: ¿Oportunidad empresarial?

Primero, en un contexto donde el sector público muestra deficiencias sustanciales en su capacidad de gestión, su organización, su dimensionamiento y gobernanza, dejarle, exclusivamente, la tarea de enmendar la inversión del Gobierno central y los subnacionales constituye un despropósito.

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Segundo, hoy en día es poco conocido que a través del esquema de Obras por Impuestos – OXI, que opera los últimos 15 años, es posible dinamizar y participar de la inversión pública a cambio de que el valor de los proyectos ejecutados sean reconocidos como pago de impuestos. Con este mecanismo los impuestos se pagan con obras y dejan de alimentar la caja oscura del tesoro, por años malversada por la clase política.

Tercero, este esquema permite al sector privado la ejecución de proyectos priorizados por el sector público en diversos sectores de la actividad económica, realizarla de manera individual o consorciada, ejecutarla desde su etapa preoperativa, etcétera. En la medida que el esquema OXI se expanda comprometería la posibilidad de mejorar los estándares de eficiencia en la ejecutoria de la inversión pública, reduciendo plazos y costos, entre otros beneficios.

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Cuarto, desafortunadamente hasta hoy los resultados tienden a ser muy limitados. Poco menos del 1% de la inversión publica ha sido ejecutada con este esquema. Únicamente cuatro sectores económicos y siete regiones han concentrado alrededor del 75% de los proyectos ejecutados. Es más, únicamente cinco grupos empresariales han aprovechado algo más del 50% de los recursos: Antamina, Win Empresas, Banco de Crédito del Perú, Southern Perú y Telefónica. Es claro que este esquema requiere más profundidad y trascendencia.

Quinto, las limitaciones del actual esquema OXI son conocidas: muy deficiente capacidad técnica y de gestión de la gran mayoría de las regiones y gobiernos, deficiente asignación de los recursos del canon y Foncor, dudosa priorización de proyectos, recelo del gobierno central de perder capacidad del uso de la recaudación, imposibilidad de aplicar el pago al IGV (solo se reconoce el IR), ausencia de mecanismos que aceleren la inclusión de los poblados más pobres, corrupción, licencias extremas, etcétera.

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Sexto, la verdad, dada la potencialidad del esquema OXI, debemos encontrar mecanismos para perfeccionarlo. Una manera de hacerlo es propiciando la menor intervención operativa y decisoria de los gobiernos subnacionales. Estos solo deben participar directamente en la identificación y parte de la priorización de los proyectos. Hasta que no demuestren capacidad de gestión de primer nivel, deben ser las entidades que reciban, en el menor tiempo posible, el proyecto plenamente ejecutado, no más. Una suerte de mecanismo “llave en mano”.

Séptimo, en un nuevo esquema de OXI la priorización, selección y supervisión del ejecutor de las obras debe estar liderada por una entidad técnica, debidamente empoderada e independiente del frente político. En un nuevo esquema OXI quien de conformidad de la correcta culminación de un proyecto y del reconocimiento expeditivo de los tributos debe estar alejado del frente político. En ese sentido, ProInversión podría ser fortalecida y reestructurada para desarrollar a plenitud dicha función.

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Octavo, a nivel gremial y empresarial el esquema OXI resultaría estratégico. Una vez corregidas sus limitaciones, se demostraría que el sector privado es capaz de participar en la reconstrucción de la inversión pública y los centros poblados al interior del país serían testigos de la presencia del empresariado privado en la solución de sus más elementales necesidades. Esto no significa de ninguna manera inducir a la ampliación de la presencia publica en la inversión, todo lo contrario, significa optimizarla a cambio del reconocimiento del pago de impuestos por dicha labor.

Noveno, claro está, el nuevo esquema de OXI demandará cautelar que las empresas privadas que lo empleen se conduzcan debidamente supervisadas con mecanismos que eviten procesos indebidos de valuación de la obra a ejecutar, entre otros. Debe evitarse, por ejemplo, un reconocimiento indebido de el pago de impuestos. De allí que la mecánica de supervisión deberá ser sui generis y comprometer, inclusive, el accionar del Ejecutivo en coordinación con los gremios. A la primera identificación de mal uso de recursos, las sanciones deben ser expeditivas y ejemplares.

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Décimo, sin duda, con un esquema OXI perfeccionado y con un ProInversión fortalecido, los beneficios orientados a impulsar la infraestructura nacional serían muy grandes. Una nueva clase política deberá apoyar todas las acciones orientadas a lograrlo. En el siglo XXI, la democracia alejada de un mínimo de eficiencia, no es democracia, es corrupción, es daño a la clase más vulnerable del país. Un nuevo OXI apuntaría a evitarlo.