Minería, conflictos sociales y pandemia

Por otro lado, frente a la urgencia de reactivar sectores productivos claves para la economía nacional, resulta urgente analizar la situación de la minería y su reactivación, ya sea como producción o como exploración, en un próximo escenario de conflictividad social, también “reactivada”. Ello implica prestar atención a por lo menos cinco elementos: la situación de los trabajadores mineros contagiados por coronavirus; los contagios por coronavirus en las respectivas zonas de influencia; la reactivación de reclamos por incumplimiento de compromisos previos y por nuevas demandas relacionadas con la atención de la pandemia; la recurrente oposición minera, actualizada a sazón del coronavirus; y la actividad político-electoral, que también marcará el contexto los próximos meses.

Los trabajadores contagiados marcan una agenda interna, que va a requerir no solo de protocolos de seguridad y salud ocupacional o del ajuste de las jornadas de trabajo confinado. El frente interno va a implicar atender, desde la gestión social, reclamos, requerimientos y conductas de los trabajadores del staff, pero también de los trabajadores foráneos y locales de las contratistas; teniendo en cuenta además que el empleo de personal de las comunidades es uno de los retos más complejos en la gestión social de las empresas mineras.

Asimismo, se debe considerar los contagios por coronavirus en las zonas de influencia. Esta situación puede influir en las comunidades respecto a la percepción por la presencia de foráneos, la demanda de apoyo a las empresas o los reclamos contra gobiernos locales y central, los que recurrentemente redundan en reclamos a las empresas.

Los dos temas señalados derivan del contexto marcado por la epidemia por coronavirus. Pero hay otros tres temas que seguro influirán en la coyuntura y que son factores crónicos en la conflictividad social: reclamos por incumplimiento de compromisos del Gobierno (en todos sus niveles) o de las empresas, que pueden adquirir nuevos matices vinculados a demandas por mejoras en la atención de la salud; la oposición a la actividad minera, que podría reinventarse en el contexto de la pandemia, y que en algunas zonas marca una incidencia importante de considerar, como por ejemplo en los tramos del corredor vial del sur que se mantienen en estado de emergencia por conflicto social; y finalmente, la actividad política de actores locales, interesados en obtener votos en las elecciones del próximo año y que siempre pueden utilizar la oposición a la minería como discurso electoral.

Dejo de lado otros asuntos, como la relación entre conflictividad, gestión social y gestión remota del relacionamiento; o temas procedimentales que impactan la conflictividad, como el licenciamiento o la fiscalización ambiental. Pero he mencionado un conjunto de factores que consideramos relevantes para evaluar el escenario de reactivación minera ya en curso, y que requiere de acciones en el Estado, las empresas y las propias comunidades