¿Reformas constitucionales o de gestión pública?

Como si la reciente experiencia de 17 meses de mala gestión del golpista Castillo, no nos hubiera enseñado algo. En segundo lugar, pareciera que el porcentaje de encuestados que favorecen la Asamblea Constituyente (AC) ha aumentado, y a esto le han dado masiva publicidad los promotores de la idea, obviando la lectura de las ulteriores preguntas de la encuesta que muestra aspectos muy reveladores sobre lo que piensan los encuestados. De manera resumida, solo 17% sabe que la función de una AC es cambiar total o parcialmente la Constitución.

Por otro lado, 38% quiere hacer algunos cambios parciales a la Constitución vs. el 29% que quiere cambio total. Finalmente, un 60% quiere que un grupo de expertos presente una propuesta de reforma y luego se apruebe por referéndum vs. un 30% que prefiere la AC. Faltó decir que para lograr lo que quiere el 60% se tiene que usar el mecanismo constitucional existente, la aprobación a través del Congreso y luego ir a referéndum por dichas reformas. Estos datos desarman los argumentos y frases vacías de los violentistas.

Claro que hay demandas insatisfechas. Los propios encuestados señalan que la razón de las protestas serían los deseos de cambio en el Perú (29%) y exigir mayor presencia del Estado (25%), pero esto no está en los discursos de los que quieren la AC. Los reclamos se justifican por el deterioro de la gestión pública en los últimos años que ha acrecentado la disparidad entre las regiones e incluso dentro de ellas, en cuanto calidad de vida de la población, pues las distancias en la provisión de bienes y servicios públicos se acrecientan cuando se compara los ámbitos urbanos y rurales.

Es inaceptable que los índices de desarrollo humano de algunos distritos estén en niveles de los países menos desarrollados del mundo, siendo el Perú un país de ingresos medios, con recursos fiscales mal distribuidos y, lo peor, mal utilizados. Esto no se resuelve con cambios constitucionales.

Los derechos ciudadanos a salud, educación y otros están establecidos en la Constitución, y se verían menguados si promovemos que el Estado deje su rol subsidiario en el quehacer empresarial, pues lo que sucedería es que distraeríamos recursos públicos para atender esos derechos, solo para tener actividades que servirían para el clientelismo político, dar empleo y contratos a los amigos del gobernante de turno y alimentar la corrupción, como pasó recientemente con PETROPERÚ. Para atender esos derechos tenemos que mejorar la gestión pública con un mejor sistema de gobernanza multinivel.

Se critica mucho a los gobiernos regionales y municipales por falta de ejecución de los recursos asignados presupuestalmente.

Ciertamente, también hay fallas de gestión en esas instancias, causadas por la falta de capacidades y un sistema de empleo público muy malo, que impide contar con personas idóneas. También tenemos que reconocer, los que hemos estado en el Gobierno central, que el sistema de gestión es muy intrincado, que hay vacíos y duplicidad de acciones y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno, que muchas veces la asignación de recursos no refleja los ciclos de los proyectos, que se asignan recursos de manera inercial, sin claridad del impacto en reducción de brechas y sin prospectiva de largo plazo.

Ni siquiera los planes de inversión se hacen con una mirada de desarrollo descentralizado, son muchas veces listas de proyectos, propuestos por los sectores y autoridades de turno, que tienen algún grado de avance en cuanto expediente técnico, pero que no se enlazan entre sí para establecer, por ejemplo, corredores productivos de diferentes industrias y regiones.

Quizá mejores instrumentos de planeamiento y gestión podrían ayudar a nuestras autoridades electas a dar mejores resultados a la población, quizás la posibilidad de ser reelectos podría ser un incentivo para mejorar su gestión en ese sentido; sin embargo, si no generamos una reingeniería de procesos públicos, si no modernizamos la gestión del Estado, seguiremos atascados sin proveer los entregables que la población requiere. No es solo un problema del Ejecutivo, también lo es del Legislativo que crea normas que complican la gestión y limitan el desarrollo de las regiones, por ejemplo, creando mecanismos que vuelve inflexible el empleo público.

Es el momento de pacificar el Perú con una promesa de desarrollo regional, poniéndonos de acuerdo en cambios mínimos por el bienestar de todos.

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