La calidad de las normas influye directamente en la competitividad de un país. Una regulación bien diseñada brinda seguridad jurídica y protege el interés público; una deficiente, en cambio, genera demoras, sobrecostos y obstáculos que terminan afectando a ciudadanos y empresas.
El Perú ha incorporado mecanismos para evaluar las normas antes de su aprobación y revisar posteriormente sus efectos; sin embargo, aún enfrenta importantes desafíos. El Ranking de Competitividad Mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD) ubica al país entre los últimos diez puestos de 70 economías evaluadas en eficiencia gubernamental y entorno regulatorio.
Entre las principales causas figuran la alta rotación de funcionarios y directivos, que dificulta consolidar capacidades técnicas y dar continuidad a las políticas públicas. A ello se suma una práctica recurrente: responder a cada problema con nuevos requisitos, restricciones o autorizaciones, trasladando costos a los ciudadanos sin evaluar previamente alternativas menos gravosas.
En ese contexto, el sistema de eliminación de barreras burocráticas administrado por Indecopi cumple una función esencial. Su propósito no es impedir que el Estado regule, sino verificar que lo haga dentro de sus competencias y con medidas debidamente justificadas. Para ello evalúa la legalidad y la razonabilidad de las barreras burocráticas: comprueba que la entidad tenga competencia y haya respetado el procedimiento correspondiente, y exige que la medida responda a un problema público real, sea idónea para afrontarlo y que sus beneficios superen las cargas que impone.
Este análisis obliga a responder preguntas fundamentales antes de regular: ¿qué problema se busca resolver?, ¿qué evidencia demuestra su existencia?, ¿por qué se eligió esa medida? y ¿existía una alternativa menos costosa para alcanzar el mismo objetivo?
El sistema produce un doble efecto. Por un lado, elimina o inaplica barreras ilegales o carentes de razonabilidad que dificultan el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado. Por otro, desarrolla una labor preventiva mediante capacitaciones, asistencia técnica y coordinación con las entidades públicas para reducir la aparición de nuevas barreras. Asimismo, su evolución podría seguir orientándose hacia mecanismos que permitan identificar y retirar con mayor oportunidad requisitos ilegales, ampliar el uso de herramientas digitales para facilitar las denuncias ciudadanas, fortalecer la articulación entre entidades y evitar que una barrera eliminada reaparezca bajo otra denominación.
Eliminar barreras burocráticas también constituye una herramienta de inclusión económica, pues facilita la formalización, amplía las oportunidades para competir y permite que más ciudadanos accedan a los beneficios del mercado.
Las cifras muestran que aún existen importantes trabas para emprender y desarrollar actividades económicas, pero también evidencian avances concretos en su eliminación. Solo en 2025 se eliminaron e inaplicaron 11,156 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, evitando sobrecostos estimados en S/ 429 millones, cifra que multiplicó por más de seis el impacto económico alcanzado en 2024.
Esta tendencia se mantiene en 2026: entre enero y junio se eliminaron más de 4,600 barreras, un 128,3 % más que en el mismo período del año previo, con una reducción estimada de sobrecostos superior a los S/ 24 millones. Estos resultados demuestran que eliminar trabas innecesarias no solo fortalece la seguridad jurídica, sino que también reduce costos, facilita la actividad empresarial y amplía las oportunidades para ciudadanos y emprendedores.
La OCDE, en su informe Política regulatoria en el Perú 2026, reconoce estos avances, pero identifica como principal desafío el fortalecimiento de la regulación en los gobiernos subnacionales. En ese ámbito, el Indecopi ha logrado hasta la fecha que el 85 % de municipalidades provinciales del interior del país simplifique el trámite para obtener licencias de funcionamiento. Ello supone la eliminación de más de 6 mil barreras burocráticas, generando un ahorro aproximado de más de S/. 42.5 millones para los agentes económicos.
La eliminación de barreras burocráticas no es la meta, sino un medio indispensable para alcanzar un marco normativo más amigable, simple y eficiente para ciudadanos, emprendedores y empresas. Esto involucra incorporar desde el diseño de las regulaciones criterios de legalidad, evidencia y proporcionalidad, reduciendo la necesidad de corregirlas posteriormente y aprovechando las herramientas de mejora regulatoria previstas en nuestro ordenamiento, entre ellas los mecanismos de evaluación ex ante como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).
Eliminar barreras burocráticas y fortalecer la calidad regulatoria no son tareas excluyentes ni sucesivas, sino esfuerzos complementarios que deben desarrollarse de manera simultánea para impulsar la competitividad, la inclusión económica y el desarrollo del país.
Juan Carlos del Prado es presidente de Indecopi.
