Permítanme ensayar, brevemente, ideas generales en torno a la urgencia de encontrar mecanismos que generen una participación más activa del sector privado en la búsqueda de soluciones al estancamiento económico, inestabilidad sociopolítica y puesta en peligro de nuestra propia democracia.
Primero, debemos ser conscientes que, de acuerdo con cifras del mismo BCR, la inversión privada esperada en el Perú decrecería a una tasa promedio anual de -0.7% durante el periodo 2022-2025, siendo el crecimiento esperado del PBI de alrededor de, únicamente, 2.1%. Con esto tendríamos garantizado un nuevo quinquenio perdido en materia de lucha contra la pobreza, empleo y desigualdad. El frente político tiene mucho de responsabilidad en este estancamiento.
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Segundo, para solucionar parte del problema reseñado debemos trascender a la ejecutoria de una política económica tradicional. No bastará con ello debido a que, como es conocido, el origen de nuestras limitaciones tiene un componente sociopolítico que afecta la confianza empresarial. En ese contexto, el sector privado va a tener que decidir si continúa siendo un espectador o pasa a ser el protagonista del encuentro de solución al actual entrampamiento.
Tercero, dejar en manos del frente político y del sector público la búsqueda de alguna solución sería bastante ingenuo. Nadie confía en estas istancias hoy en día. Además, ha quedado demostrado que nuestro ámbito estatal carece de una adecuada gobernanza, está sobredimensionado, dispone de muy deficiente gestión, muestra inoperantes mecanismos de rendimiento de cuentas y organizacionalmente es un desastre. La corrupción , la inseguridad y el descontento social se nutren de tremendo desajuste.
Cuarto, es hora que el ámbito empresarial del país trascienda a las campañas de optimismo sin fundamento, a su presencia en congresos que no pasan de ser meras reuniones sociales y al financiamiento de " think tanks” que solo llegan a presentarnos diagnósticos trasnochados. El sector privado, donde debemos incluir a nuestros millones de emprendedores, hoy debe superar su visión tradicional y comprometerse en apoyar, activamente, la busqueda de solución a los problemas de confianza, inseguridad y amenaza a la democracia misma.
Quinto, ¿cómo empezar a hacerlo?, debe entenderse que, por ejemplo, la carencia de infraestructura es parte de nuestra problemática central y es en la búsqueda de una solución a ese problema donde el sector privado podría empezar a liderar el encuentro de consensos en nuestra sociedad. Nuestra brecha en infraestrutura supera los US$150,000 millones. Eso es conocido más de una década atrás. ¿Cuánto se ha progresado para cerrarla? Muy poco, casi nada. Las causas también las conocemos hasta el hartazgo. Hasta hoy no hemos trascendido a los diagnósticos y dimensionamientos.
Sexto, las acciones del Estado para apoyar el desarrollo de la infraestructura nacional han sido aisladas y carentes de la búsqueda de un mínimo de consenso. Los Marcos Macroeconómicos Multianuales no son de ejecutoria vinculante ni detallada, entidades como el Ceplan no disponen del empoderamiento ni trascendencia apropiadas. De otro lado, las propuestas del Consejo Privado de Competitividad y de la misma Afin no han gozado de la receptividad y atención adecuadas. Muchos de los esfuerzos por reducir la brecha de infraestructura del lado público y privado han mostrado limitaciones, dado que no se han acompañado de un mínimo de legitimidad sociopolítica con visión y compromiso de largo plazo.
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Séptimo, parte de la agenda de un sector privado diferente, comprometido y que denote liderazgo, debería abocarse a la búsqueda del consenso entre todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad orientadas a apoyar y auspiciar la ejecutoria de un conjunto acotado de megaproyectos a nivel nacional. Los megaproyectos podrían seleccionarse de los diversos ya identificados a la fecha y, claro está, deberían ser clasificados en función de su impacto esperado en materia de empleo, reducción de la probreza, descentralización, alcance nacional, entre otros.
Octavo, si en el entorno reseñado el sector privado logra la participación y el compromiso de la mayoría de las fuerzas políticas, gremiales y laborales; habremos dado un paso gigante a efectos de demostrar que sí somos capaces de construir una base mínima de consenso para impulsar la confianza, inversión y producción. Ahora bien, todos los firmantes de naturaleza política, independientemente del momento que asuman alguna responsabilidad de Gobierno, se comprometerían, de manera vinculante, a seguir una hoja de ruta previamente esbozada en favor de la infraestructura.
Noveno, nadie está proponiendo que se reedite el fracaso de la experiencia del Acuerdo Nacional. En este caso, un acuerdo deberá incorporar procedimientos y políticas que aseguren, en sus niveles operativos, una buena gobernanza, con esquemas claros de accountability, transparencia, evaluación permanente de resultados, trascendencia a un Gobierno de turno, entre otros. Los que se encargen de evaluar el desempeño del acuerdo del consenso deberán ser técnicos independientes del mismo ámbito empresarial, que hayan demostrado éxito en diferentes ramas de la actividad profesional.
Décimo, el sector privado debe disponer de mecanismos concretos de rendimiento de cuentas mínimos por parte del frente político y de los gobernantes de turno. Algo que nunca se ha logrado en este país. Podríamos comenzar a partir del auspicio de un plan de infraestructura de largo plazo. Esa sería una manera concreta de empezar a regenerar consenso político y mitigar parte del desorden nacional que hoy experimentamos. En las circunstancias actuales, el sector privado no puede conformarse con ser testigo de un posible debacle nacional, debe ser el que lidere las soluciones a nuestros problemas y protagonice el cambio.
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