Perú es una casa que todos habitamos. La elección presidencial es, en buena medida, la decisión sobre quién administrará ese hogar durante los próximos cinco años y qué medidas tomará para que sus habitantes prosperen.
Pero ninguna casa se sostiene sin buenos cimientos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos años. Hoy tenemos 8.8 millones de peruanos en situación de pobreza y otros 11.1 millones en condición de vulnerabilidad. En otras palabras, cerca de dos de cada tres peruanos enfrentan dificultades para consolidar su bienestar. Al mismo tiempo, hemos normalizado un crecimiento económico de apenas 3% anual, cuando el país necesita expandirse por encima del 5% para generar más oportunidades.
Los cimientos de una casa son sus instituciones. Son las reglas de juego claras, la estabilidad y la confianza en que las normas se respetarán. No solo dependen del Poder Ejecutivo. También descansan sobre el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía y la PNP. El BCR y su política monetaria suelen citarse como ejemplos de institucionalidad sólida. La pregunta es por qué no aspiramos a ese mismo estándar en el resto de las entidades que sostienen la vida democrática.
Pero una casa no solo necesita cimientos. También requiere paredes firmes. Y allí aparece uno de nuestros mayores desafíos: reducir la informalidad. Más del 70% de los trabajadores se desempeña en actividades informales. Esa realidad debilita la estructura del país, limita la productividad, reduce la recaudación y deja a millones de personas sin protección frente a cualquier crisis.
La casa también necesita puertas abiertas. Sin confianza no hay inversión y, sin inversión, no hay crecimiento sostenible. La experiencia entre el 2021 y 2023 demostró cómo la incertidumbre puede afectar las expectativas empresariales, frenar proyectos, deteriorar la generación de empleo formal y limitar las oportunidades.
Finalmente, toda casa requiere un techo que proteja a quienes viven en ella. Ese techo es la seguridad. La lucha contra la delincuencia exige instituciones fuertes, liderazgo, inteligencia y continuidad en las políticas públicas.
A ello se suma una amenaza aún más profunda: la minería ilegal. Según estimaciones, esta actividad movilizó alrededor de US$ 11,500 millones en el 2025 y cerca del 40% del oro exportado por el Perú tendría origen ilegal o informal. Ya no se trata únicamente de un problema ambiental o económico; se trata de una actividad que erosiona instituciones, captura espacios de poder y desafía la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
Por eso, la decisión que tomaremos en las urnas va mucho más allá de elegir a un presidente. Decidiremos quién administrará esta casa llamada Perú y, sobre todo, qué tan comprometidos estaremos los ciudadanos con exigir que sus cimientos sean sólidos, sus paredes resistentes, sus puertas permanezcan abiertas al progreso y su techo proteja a todos por igual.
La verdadera pregunta no es quién ocupará la próxima habitación principal de la casa. La pregunta es si estamos dispuestos a reconstruirla y fortalecerla para que vuelva a ser un lugar donde las futuras generaciones vivan mejor que nosotros.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
