Únete al canal de GestiónEscribe: Eduardo A. Jiménez Sánchez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult.
El incumplimiento de la regla fiscal durante 2023 generó muchos comentarios. Algunas voces críticas han sugerido, inclusive, que la estabilidad fiscal de nuestra economía está en serio riesgo. Esto, sin duda, es exagerado. Incumplir la regla no nos convierte, repentinamente, en unos irresponsables. Y los inversionistas lo saben. Los indicadores financieros clave indican que Perú, al igual que Chile, continúa gozando de una sólida confianza. El riesgo soberano, el rendimiento de los bonos peruanos y el costo del seguro de deuda (CDS) se mantienen en valores muy debajo de otras economías con las que solemos compararnos (en este caso: Brasil, Colombia y México).
Además, una proyección con supuestos bastante conservadores, y que toma en cuenta los ajustes que está implementando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ahora mismo, indican que el déficit fiscal se estabilizaría alrededor del 1.5% hacia el 2030, con una deuda en torno al 30% del PBI. Estas cifras son, nuevamente, muy inferiores a las de otros países con los que Perú suele compararse.
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No obstante, es crucial no pasar por alto los riesgos y desafíos existentes. Por el lado de los ingresos, la presión tributaria en Perú sigue siendo baja en comparación con la de otros países de la región (lo cual suena paradójico): en 2021, la nuestra llegaba al 17%, la de Chile, al 22%. ¿Qué factores limitan su crecimiento? Tenemos, en primer lugar, la evasión tributaria. Esta se encuentra entre 5% y 8% del PBI. En el caso del IGV, está se encuentra muy por encima de la de Chile, Colombia y México, a pesar de que las tasas son similares. En segundo lugar, encontramos los gastos tributarios (beneficios tributarios) que vienen creciendo de manera sostenida so pretexto de reactivar la economía, tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo. Por último, la complejidad del sistema tributario, con una multiplicidad de regímenes, que dificulta la inclusión de pequeños negocios en la formalidad. Si bien en esto se viene avanzando, tratando de simplificar el sistema, las reformas también tienen que tomar en cuenta lo laboral, lo relativo a seguridad social y la gradualidad impositiva, tal como lo ha propuesto Macroconsult.
Por otro lado, las presiones sobre el gasto público también son motivo de preocupación. Además de que la parte corriente de estos (fundamentalmente, al pago de remuneraciones y la compra de bienes y servicios) es casi imposible de reducir, siempre llegan, de diversas fuentes, iniciativas para seguirlos incrementado. De un lado, el Congreso no tiene reparos en aprobar nuevas leyes con elevado costo fiscal. Las recientes iniciativas aprobadas podrían implicar un costo anual que supera los S/ 8 mil millones. De otro lado, la irresponsabilidad en algunas entidades públicas incrementa los pasivos contingentes del Gobierno y la potencial necesidad de que haga efectiva la garantía que ha otorgado. Este es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Petroperú. Además, está la necesidad de invertir en infraestructura. Sin embargo, si usamos mecanismos que implican desembolsos demasiado elevados y en un periodo corto de tiempo, no va a ser posible ejecutarlos. Este viene siendo el caso de aquellos proyectos que se buscan avanzar con un mecanismo gobierno a gobierno.
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A la luz de lo antes comentado, vale la pena reflexionar sobre lo que necesita el país. Por el lado de los ingresos, combatir la evasión fiscal es una tarea impostergable. Implementar medidas contundentes, como la modernización de la administración tributaria, el uso de tecnologías de vanguardia y el endurecimiento de las sanciones, son pasos esenciales. Asimismo, la revisión y eliminación de gastos tributarios permitiría elevar la recaudación de manera sostenible para reorientar dichos recursos hacia áreas prioritarias (puede llegar hasta 2% del PBI). La única forma de dar más y mejores servicios a la población es incrementando, de manera sostenida, los ingresos fiscales. Sin eso, el sueño de llegar a ser un país desarrollado será siempre una quimera.
En cuanto al gasto, queda claro que se debe priorizar la infraestructura. Pero su financiamiento es un tema clave. Para avanzar en ello sin comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo, se debe de volver al mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) o desarrollar un fideicomiso de infraestructura, similar al creado recientemente por el Gobierno para algunos proyectos de transporte en Lima. Sin embargo, es esencial evitar su sobreutilización y garantizar la transparencia en su aplicación. Esto debe ir unido a una lucha frontal contra la corrupción, pues ver que los recursos que pagamos los contribuyentes se destinan al enriquecimiento personal, sin duda afecta negativamente la moral tributaria. Y, por último, Perú tiene el gran reto de recuperar su Fondo de Estabilización Fiscal (FEF): ese conjunto de recursos que usamos durante la pandemia para poder financiar todos los gastos necesarios sin elevar de manera sustancial nuestra deuda.
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