Una vez más, una de las principales agencias de rating advierte sobre el riesgo de una posible reducción de la calificación crediticia de nuestro país. Esta vez se trata de Standard & Poors (S&P), que recientemente declaró que la elevada solvencia de las finanzas públicas —posible gracias al manejo profesional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— sería insuficiente para evitar un potencial ‘downgrade’ en su próxima evaluación. Incluso le asignan una probabilidad moderada a que esta decisión podría materializarse en función de lo que ocurra en el plano político y su impacto sobre la gobernabilidad.
Strictu sensu, la calificación crediticia de un país mide su capacidad de pago, lo que a su vez depende del manejo del déficit fiscal del sector público no financiero y del nivel de endeudamiento público como proporción del PBI. En principio, no debería depender de factores políticos o institucionales; sin embargo, y a diferencia de otros países, la percepción de riesgo en el Perú sí está fundamentada en estas consideraciones.
Gracias a la trayectoria de prudencia y disciplina de la política fiscal sostenida a lo largo de las últimas dos décadas, el Perú ostenta los fundamentos más sólidos en la región. De hecho, el cociente entre deuda pública y PBI se ubica por debajo del de Chile (el otrora referente regional), a un tercio del de Colombia (que ya perdió el grado de inversión por el retroceso en sus indicadores fiscales) y a menos de la mitad del promedio de la región (más de 75%). La fortaleza fiscal es ampliamente reconocida por los mercados, tal como lo demuestra la exitosa operación de manejo de pasivos realizada por el MEF con la emisión de bonos soberanos por US$ 2,500 millones (equivalente en soles) para aumentar la vida media y la “solarización” de la deuda pública. Estos objetivos son deseables para reducir la exposición a riesgos cambiarios, especialmente en un contexto de inestabilidad financiera.
Sin embargo, S&P considera que la incapacidad de llegar a consensos políticos que permitan aprobar reformas que reviertan el estancamiento económico, así como el repunte del populismo originado en el Parlamento, minan la percepción de riesgo de no pago. En particular, el Congreso de la República ha venido aprobando iniciativas de gasto en materia laboral, como el pago de deuda social de los trabajadores administrativos del sector educación o nombramientos a plazo indeterminado que vulneran el equilibrio presupuestario. Esto ha obligado al Ejecutivo a presentar sendas demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que deberá zanjarlas respetando lo que establece la carta magna.
Una contrarreforma que ha concitado la atención especial de las agencias es la persistente intención de continuar perforando los fondos privados de pensiones. Existe la amenaza de un nuevo retiro aduciendo el adverso impacto que tendría sobre la economía familiar el inminente Fenómeno de El Niño. Esto atenta contra la cobertura previsional de millones de peruanos (60% de los adultos mayores no accede a ningún sistema de protección social) y suma a los más de 3 millones de afiliados que se han quedado sin saldo en sus cuentas individuales tras los seis retiros previos. Los políticos han hecho caso omiso a las opiniones desfavorables emitidas por las entidades técnicas especializadas y han privilegiado sus móviles particulares.
El vínculo entre los retiros “excepcionales” y la calificación crediticia se atribuye al debilitamiento del mercado doméstico de capitales como fuente de financiamiento en soles para inversiones de largo plazo, lo que reduce el crecimiento potencial del país. Además, en el corto plazo, los retiros encarecen los costos de financiamiento para el Gobierno (desplazan la atención de otras prioridades de gasto). Peor aún, implicarán una carga mayor para los futuros contribuyentes, que deberán soportar el peso de una gran masa de adultos mayores carentes de cobertura previsional. Esto se torna particularmente relevante de cara al incremento de la expectativa de vida. En los próximos 30 años, la proporción de adultos mayores se triplicará hasta representar a cerca de una quinta parte de la población del Perú.
Cabe recordar que una buena calificación crediticia permite mantener bajos costos de financiamiento para el Gobierno y, en consecuencia, un fondeo de largo plazo competitivo para el sector privado. Estas advertencias deben ser tomadas con la mayor seriedad por la clase política. Es lamentable que los políticos persistan en minar la única fortaleza competitiva que aún tiene el país y que distingue al Perú de sus vecinos. Pese a contar con una capacidad de pago envidiable, los problemas de gobernabilidad política y el populismo legislativo podrían acelerar un desenlace adverso. No solo sería una pésima señal para los inversionistas, sino que revertir esta situación tomaría tiempo y sería un costo que inevitablemente pagaríamos todos los peruanos.
