Escribe: Silvana de los Heros Salazar, gerente de Asuntos Corporativos de Zegel e Idat
El Perú tiene una crisis gravísima de inseguridad ciudadana, lo que lleva a los candidatos presidenciales a colocar este tema como prioritario en sus propuestas programáticas (o más bien, promesas vacías). El enfoque que predomina es la “mano dura”; pero solo representa un arquetipo de la narrativa populista punitiva porque simplifica un problema complejo, que debería ser abordado principalmente a través de una inversión inteligente en educación.
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Sin embargo, de las 36 iniciativas presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), menos del 10% vincula la educación a la reducción de la criminalidad. El Banco Mundial (2017) advirtió que la prevención vía educación temprana supera las políticas represivas: programas como visitas de enfermeras a madres vulnerables desde el embarazo hasta los dos primeros años de vida, así como un acompañamiento cognitivo-emocional durante la etapa preescolar reducen en 60% los arrestos juveniles y hasta en 50% crímenes en la adultez.
De las 36 iniciativas presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), menos del 10% vincula la educación a la reducción de la criminalidad (GEC).
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Aunque el auge actual de candidaturas de corte personalista ha impulsado que predomine el discurso “bukelista”, el desarrollo y las oportunidades están por otro lado. Miremos de cerca a Medellín: en poco más de tres décadas (1991-2024) redujo la tasa de homicidios en 97%; el 40% del éxito de estas cifras responde a los programas preventivos focalizados en sectores con mayor densidad poblacional juvenil vulnerable. Se implementaron escuelas nocturnas para evitar la deserción escolar (uno de los mayores gatilladores de la delincuencia juvenil en la región), becas condicionadas a no-delitos, fomento del empleo, entre otros.
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Sin oportunidades laborales y con un sistema de servicios básicos precarizado, el crimen organizado puede funcionar como el mejor reclutador para jóvenes sin opciones. Con 14.3% de desempleo juvenil (INEI 2025) y cerca de 25% de ninis, las mafias pueden absorber anualmente miles de jóvenes que abandonan la PEA. En el 2024, se realizaron cerca de 560 retenciones a niños, niñas y adolescentes por delitos graves de sicariato y extorsión, —en Lima, Piura y La Libertad, principalmente—.
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Hoy, miles de jóvenes prefieren entrar a un grupo delictivo que a un colegio, instituto o universidad, y ahí radica la urgencia de transformar la relación de la educación y el mercado laboral. En Estados Unidos, el modelo dual YearUp —habilidades tecnológicas y digitales para jóvenes vulnerables— reduce en 40% delitos futuros. Regreso nuevamente a Medellín, donde los programas duales de diseño gráfico, electricidad y mecánica elevan los ingresos de los jóvenes en 25% en el primer año posegreso, reduciendo los delitos juveniles en 35% (en pilotos), porque conectan al estudiante directamente con las empresas.
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El 2026 es un año retador donde nosotros tenemos la obligación de ser más críticos con los quick wins populistas que prometen erradicar un problema que no empieza en las cárceles, sino, en las aulas vacías. La mejor inversión contra la delincuencia y la criminalidad -y me animo a sostener que incluso contra la corrupción- está en la educación.
