La minería como respuesta a las crecientes necesidades del Estado

Un Estado más grande, con una participación activa en la economía y en la vida de los ciudadanos, necesariamente requerirá de una mayor cantidad de recursos públicos para financiarla. Como indica la teoría, son dos los tipos de recursos que puede obtener el Estado: los originarios, es decir, los generados por sus propios bienes y actividad, y los derivados, en los que se enmarcan los impuestos y otras prestaciones patrimoniales obtenidas de los privados.

Por ahora, el objetivo del gobierno actual parece ir de la mano con incrementar ambas fuentes de generación de recursos públicos, con un Estado-empresario fortalecido y con una mayor recaudación fiscal. Esta última, según lo declarado por las autoridades, vendría, en el corto plazo, como resultado del aumento de la carga impositiva para el sector minero, que aprovecha el ciclo económico favorable de los precios de los metales y la entrada en explotación de algunos proyectos, así como mayor presión sobre los grandes deudores tributarios independientemente del sector al que pertenezcan.

En el caso de la minería, una de las principales interrogantes, recae en cómo técnicamente se le podría imponer cargas adicionales a un sector que ya tiene una carga fiscal elevada que, en total, se aproxima o, incluso, puede en algunos casos sobrepasar el 50%, como resultado de la estructura de impuestos y regalías que gravan a esta actividad y que, ciertamente, aprovecha la llamada “sobreganancia” derivada del auge en el precio de los commodities. La lista de gravámenes es larga: Impuesto a la Renta, impuesto a los dividendos, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, Impuesto Especial a la Minería -IEM, en el caso de compañías con contratos de estabilidad, Gravamen Especial a la Minería o GEM-, aportes al Osinergmin y a la OEFA por su actividad reguladora, regalías legales o contractuales, aportes al Fondo de Jubilación Minera, entre otros.

Como resultado de dicha estructura impositiva, este año las empresas mineras batirán récord en el pago de impuestos y regalías al Estado peruano, con una estimación de recaudación de S/12 mil millones, según la SNMPE, es decir, más de 200% y de 150% con relación a los años 2020 y 2019, respectivamente.

El siguiente punto en el que el mensaje del Poder Ejecutivo ha puesto énfasis, es en la renegociación de los contratos de estabilidad suscritos por el Minem con algunas empresas mineras. Recordemos que el propósito de dicho tipo de contratos es dotar de seguridad jurídica a los inversionistas, y protegerlos de cambios materiales en la legislación, incluyendo la tributaria.

No obstante, a cambio de la estabilidad otorgada por el Estado a proyectos como Constancia, Quellaveco, Cerro Verde y Las Bambas, el Impuesto a la Renta de sus respectivos titulares es mayor al que se recauda de los contribuyentes sujetos al régimen general (32% versus 29.5%, respectivamente). Adicionalmente, algunos de dichos proyectos estabilizados ya pagan regalías sobre ventas o sobre el valor del concentrado, y no sobre la utilidad operativa, además de estar sujetas al GEM, gravamen que sí grava dicho margen.  Queda claro, entonces, que las empresas mineras con estabilidad no pagan menos impuestos que las sujetas al régimen común.

Bajo este escenario, es relevante saber a dónde apuntaría la reforma fiscal del sector minero y el concepto de rentabilidad social al que también se ha hecho referencia a nivel del Poder Ejecutivo, y si eso en realidad se orientaría a tener mejores criterios de distribución y de gestión de los recursos aportados por la minería, lo cual, sin duda, sería positivo para el país, en contraste con la creación de nuevos impuestos, lo que pondría en riesgo la competitividad y la realización de nuevas inversiones.