La informalidad problema latente

La pandemia del coronavirus ha destapado una de las más graves falencias estructurales de nuestro país, como lo es la informalidad. De hecho, esto ha ocasionado que muchos peruanos se expongan a salir a la calle a pesar del aislamiento social y el riesgo de contagio; debido, simplemente a que tienen que vender algo en el día para darle de comer a sus familias.

Existen varias formas de definir la informalidad dependiendo de la perspectiva que asumamos, y muchos autores como De Soto, Loayza, Schneider y un largo etc., durante décadas han otorgado definiciones todas ellas respetables, pero donde algún elemento puede quedar fuera de las mismas y esto explica la gran heterogeneidad de su magnitud, que utiliza diferentes metodologías y va desde 19% (INEI, 2014) hasta casi el 60% (BM, 2007), sin dejar de mencionar la informalidad laboral que supera el 70%. Quizá, mejor sería definirla más comprensivamente, como todas aquellas actividades que en la producción y/o distribución de bienes y servicios legales, utilizan algún factor o proceso que ha sido obtenido sin pagar el precio completo exigido por normatividad razonable y puede causar externalidades negativas.

Sobre qué genera la informalidad también existen varias explicaciones al respecto, que se pueden resumir, por ejemplo, en las ligadas al costo de cumplimiento de la normatividad formal; o la del principio de autoridad laxa, asociada al cumplimiento de un equilibrio evolutivamente estable, es decir donde los comportamientos, dada cierta ventaja, se vuelven demasiado comunes para poder evitarlos o suprimirlos. Eso que el extinto José Matos Mar llamara el desborde popular. Luego está, la explicación acerca de la baja productividad de las personas y las unidades productivas, y su desconexión con las actividades del segmento moderno de la economía.

Esta última propuesta parece ser bastante razonable, sin embargo, es a la que menos importancia política se le ha dado, quizá porque supone una fórmula de largo plazo que el sistema político tan de corto no permite, pero claro, donde no debe perderse de vista que el objetivo es reducirlo y no alentarlo, como apunta alguna corriente de capitalismo popular.

Si tuviéramos que comenzar por una cosa positiva de la informalidad, anotaríamos el hacer que la tasa de desempleo nacional se encuentre por debajo de 5%, al servir de salida ante la falta de empleo en el sector formal, más dependiente del sector externo por su conexión con el resto del mundo. A su vez, ello tiene el importante efecto de contener una crisis social que pueda desembocar en alternativas violentas.

Sin embargo, la informalidad genera varias otras consecuencias negativas, que la pandemia del COVID19 nos permite apreciar en toda su magnitud. Por ejemplo, hace competencia desleal a las empresas formales que si cumplen con toda la normatividad, incluyendo el pago de impuestos; reduce los ingresos del Estado que permitan un gasto social mejor; alimenta la corrupción de la que también se sirve para lograr beneficios; eleva la carga fiscal y de regulación de los que sí cumplen y no permite por ejemplo, un sistema fiscal más equitativo y eficiente o un sistema de trámites menos regulado que evite a los “Pepe, el vivó”; es una restricción al crecimiento económico en la medida que deja fuera de su disfrute segmentos de la población; dificulta la aplicación más eficiente, efectiva, transparente y universal de las políticas públicas (a cuenta del tema que vivimos en salud por ejemplo) y; reduce la predictibilidad de ingresos de los ciudadanos, haciéndolos más vulnerables a los choques de la economía y a tener una vejez en condiciones razonables, como bien nos deja de lección esta pandemia y nos dejará las que vengan.

En un paper próximo a publicarse, estimé la relación entre variables del mercado laboral y el PBI, y de las conclusiones que podemos extraer es que, si el PBI cae como estimo, aproximadamente un 12% este año, el desempleo aumentará 2 puntos porcentuales (en 2019 fue aproximadamente de 3.5%), sin embargo, lo más grave será que el subempleo que está muy relacionado con el empleo informal superará el 50% (en 2019 estuvo cerca del 40%), es decir que aumentará 10 puntos porcentuales, lo que significa que perderemos lo avanzado de reducción de la economía informal en la última década y regresaremos a los niveles que teníamos en el primer quinquenio de la década de los ochenta.

Por estas razones, es imprescindible iniciar el largo camino para reducir la informalidad, que al igual que la pobreza se encuentra relacionada al crecimiento económico. Lamentablemente, la pandemia del COVID19 generará mayor pobreza, desempleo e informalidad, pero con mayor razón debemos explorar la forma de mejorar la productividad de los ciudadanos y ello pasa por invertir más en educación, cuyo presupuesto ha aumentado en los últimos años (por encima del 30% del total en 2019), pero que aún como porcentaje del PBI sigue estando en la cola del resto de países de AL. Un sistema tributario que le permita crecer y cumplir, sin que ello signifique un forado permanente de evasión de las obligaciones fiscales; brindando mayor apoyo a las Mypes en cuanto a su organización, gestión, conexión con el mercado, y todo aquello que les permita alcanzar las economías de escala suficientes para elevar su productividad, pero sobre todo, hacer más predictibles y confiables el conjunto de reglas con que nos entendemos los ciudadanos en esta nación, lo que se llama institucionalidad.