Jaime Polar Paredes, gerente general de Summa Gold Corporation
El agua es un recurso fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos y para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Por ello, en la ciudad de Trujillo ha generado preocupación la alerta que ha emitido el Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) sobre la contaminación de las cuencas de la sierra liberteña, lugar de donde se abastece de agua a la Ciudad de la Eterna Primavera. Asimismo, se invoca a las autoridades a realizar una fiscalización exhaustiva de las actividades mineras en la zona. En la mayoría de los casos, se trata de actividades ilegales.
Lamentablemente, en provincias como Santiago de Chuco, Otuzco, Pataz, Chepén, Virú, Gran Chimú y Ascope viene proliferando la minería ilegal, buscando territorios ricos en recursos, pero cada vez más recónditos, alejados de la presencia del Estado y de toda actividad de supervisión y fiscalización. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por ejemplo, tiene enlistados unos 6,938 petitorios de formalización, de los cuales solo 1,622 tienen permisos vigentes. El resto (5,316) se encuentran “suspendidos”, situación que se puede revertir mediante un simple trámite.
Tengamos en cuenta que el proceso de formalización minera lleva más de 20 años y parece interminable, con continuas prórrogas que han sido otorgadas por las autoridades. Mientras tanto, la minería ilegal continúa expandiéndose y generando daños ambientales nocivos para las personas. Estamos en una situación alarmante que requiere de una acción inmediata por parte de las autoridades competentes.
Esta falta de control y fiscalización en la minería ilegal conlleva también las peores prácticas de trabajo en la región. Hemos sido testigos de tragedias como la muerte de dos hermanos en Quiruvilca, Santiago de Chuco, a principios de este año, y muchos otros casos de explotación de menores, trata de personas y criminalidad que trae la minería ilegal.
Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad en este tema y sean rigurosas en el cuidado de nuestros recursos naturales. No podemos permitir que se siga dañando nuestro entorno y poniendo en peligro la salud y el bienestar de nuestras comunidades. No podemos permitir que intereses ilegales prevalezcan sobre el bienestar de nuestra sociedad y el cuidado de nuestro medio ambiente.