Esta semana un sector político, principalmente de izquierda, ha criticado fervientemente la compra de 24 aviones de combate estadounidenses F-16 Block 70 por US$ 3,500 millones. Se trata de una adquisición necesaria para reemplazar los viejos aviones franceses que adquirió el gobierno de Fernando Belaunde hace ya más de 40 años. Sin embargo, para la narrativa ideológica, la defensa nacional es un gasto superfluo.
El propio Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre —el partido del presidente José María Balcázar—, lanzó una advertencia desde la clandestinidad de su cuenta en X: si el mandatario firma el contrato y otorga el adelanto inicial, será encausado por negociación incompatible y colusión agravada. Es el mismo libreto de siempre: plantear que esos miles de millones que irán a la multinacional Lockheed Martin podrían destinarse a Beca 18, agua potable o carreteras. Un argumento efectista, pero profundamente hipócrita.
Hablemos de proporciones, esas que el ruido político suele asfixiar. Mientras los F-16 buscan reemplazar a unos Mirage 2000 que ya califican como piezas de museo, el costo de mantener a Petroperú a flote es una cuenta que marea. El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que entre 2013 y 2025 hemos “quemado” más de S/ 24,000 millones de nuestros impuestos en esa caja chica de los gobiernos de turno.
La diferencia es sustancial: los aviones ofrecen disuasión y soberanía; Petroperú ofrece planillas doradas y un estilo de vida de “jeque árabe” —como bien señaló en su momento el exministro José Arista— financiado por un país que, paradójicamente, importa petróleo.
Pero el escándalo actual es más profundo. Mientras discutimos si el cielo peruano debe ser custodiado por tecnología gringa o sueca, el Gobierno de Balcázar prepara, bajo la mesa un nuevo rescate que superaría al menos los US$2,500 millones (Semana Económica habla de US$7,000 millones) mediante endeudamientos garantizados y bonos. Es decir, nos escandalizamos por una inversión de defensa que se paga en cuotas y dura décadas, pero aceptamos un salvavidas financiero que se esfuma en meses en el agujero negro de Talara.
La velocidad de este saqueo legalizado es asombrosa. Supera, de lejos, la de cualquier avión supersónico. Mientras la opinión pública mira al cielo, en las oficinas de Petroperú se purga a quien ose hablar de eficiencia. Se envían a “vacaciones forzadas” a gerentes que trabajaban con ProInversión para reformar la empresa y se reinstala el círculo de confianza de Óscar Vera, el máximo guardián del statu quo, como reveló el jueves El Comercio. Es el triunfo de la burocracia enquistada sobre cualquier asomo de racionalidad técnica.
Es cierto: el momento es incómodo. Un gobierno transitorio, con la legitimidad por los suelos y un gabinete que se desmorona entre renuncias y acusaciones de mentiras, no es el escenario ideal para sellar la compra militar más importante del siglo. La discusión sobre si debieron ser los F-16, los Gripen suecos o los Rafale franceses es válida y necesaria. La defensa nacional no debe ser un cheque en blanco para la sospecha.
Sin embargo, hay que ser muy hipócrita —o estar muy ideologizado— para rasgarse las vestiduras por la renovación de una flota aérea necesaria para la paz disuasoria, y al mismo tiempo aplaudir (o callar) ante el desangre de recursos que supone una petrolera que solo produce pérdidas.
Quizá no sea el mejor momento para comprar aviones, pero lo que es seguro es que nunca será un buen momento para seguir subsidiando la incompetencia disfrazada de soberanía energética. Al final del día, los aviones vuelan, pero el dinero que se lleva Petroperú simplemente se evapora.
Omar Mariluz es periodista.
