El rol del Estado por más equidad

Escribo desde Huamanga, Ayacucho, a donde vine invitado por el Colegio de Contadores del Perú a su Convención Anual de Tributación. Me encargaron exponer sobre el tema “reforma fiscal para el crecimiento y la equidad”.

La oportunidad fue ideal para reflexionar sobre la importancia de la equidad. Permítanme, al respecto, contar dos anécdotas. La primera vinculada con los gratos recuerdos que guardo de esta ciudad y su centenaria universidad. Allá por 1982 fui profesor visitante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Tuve ese honor porque el doctor Richard Webb, por aquel entonces presidente del Banco Central de Reserva (BCR), tuvo la visión de encargarle al Banco la suscripción de convenios con las facultades de Economía de las universidades de las regiones del país, para mejorar la calidad de la educación superior en economía, enviando economistas de su planta de profesionales a dar cursos durante un ciclo académico. A mí me tocó venir a Ayacucho. El programa, diseñado por Webb, pese a su corta duración tuvo éxito no solo porque lograba motivar a los estudiantes, sino porque ponía al alcance de ellos conocimientos y textos que de otro modo hubieran tardado años en obtener. A través de ello se lograba igualar oportunidades entre estudiantes de Lima y estudiantes del resto del país. Un ministro de Economía y un alto funcionario del BCR, ambos ayacuchanos, pueden dar fe de ello.

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Durante mi estadía en Huamanga, esta es la segunda anécdota, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Homero Ango, biólogo y exrector de la Universidad. El me contó que, siendo rector, la universidad debía conducir el proceso de admisión de los estudiantes a las distintas carreras y de acuerdo con la ley, un grupo de vacantes debía ser reservada para los dos primeros alumnos de los colegios de Ayacucho, pero que la experiencia mostraba que estas vacantes siempre eran ocupadas por los mejores estudiantes provenientes de los colegios urbanos, mientras que los dos mejores alumnos de los colegios rurales, por más que se esforzaban, no lograban ingresar a la universidad. Pero al doctor Homero Ango y a su vicerrector académico se les ocurrió que, sin violar la ley, la mitad de las vacantes deberían ser cubiertas por los alumnos provenientes de los colegios urbanos y la otra mitad por los alumnos de los colegios rurales, con lo que se les permitía igualar oportunidades a los segundos.

Las dos experiencias, la del doctor Webb y la del doctor Ango, nos muestran, con ejemplos sencillos, la importancia del rol del Estado en igualar oportunidades para los más pobres. Esta función importantísima del Estado es muchas veces dejada de lado por los líderes de opinión, políticos, académicos y diseñadores de políticas públicas.

Por ello, cuando inicié mi ponencia sobre la reforma fiscal, me pareció importante remarcar que el Estado no solo tiene un rol estabilizador de los ciclos de la economía y de proveedor de bienes y servicios públicos que el sector privado no provee, por razones de subsidiariedad, sino que también tiene un compromiso con la equidad y la igualdad de oportunidades. Este rol es muy claro en los países desarrollados en donde se preocupan y sobre todo miden la desigualdad después de impuestos y transferencias utilizando el coeficiente de Gini, resultando que hay una significativa reducción de la desigualdad por la intervención del Estado a través de estos instrumentos, cosa que no ocurre en los países de América Latina y menos en nuestro país.

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Mi ponencia también puso énfasis en que si queremos sacar al Perú del tercio inferior de recaudación como porcentaje del PBI en el que se encuentra entre los países de América Latina y el Caribe, ello va a ser muy difícil que ocurra si no nos preocupamos por la oportunidad y calidad de los servicios que el Estado debe brindar. Esto quiere decir que si los ciudadanos no perciben que a cambio de los tributos que pagan tienen un buen sistema de salud universal que considere a todos los peruanos de igual valor, buenos colegios públicos en cada provincia y distrito, no se sienten seguros frente a la extorsión y la violencia y no perciben un buen sistema de administración de justicia, va a ser muy difícil sino imposible que podamos reducir la informalidad, entendida en este caso como el no pago de impuestos, y la evasión tributaria, y con ello podamos aumentar la recaudación.

Dicho esto, también consideré importante señalar que debemos realizar algunos en la política tributaria en lo que considero los “talones de Aquiles” de ésta en materia de equidad y recaudación.

El primero de ellos tiene que ver con la bajísima recaudación del impuesto a la renta personal, en comparación con nuestros pares de América Latina y de los países de la OCDE, que no se explican solamente porque nuestro ingreso per cápita sea menor, sino porque las rentas de capital son gravadas a tasas muy bajas y las deducciones a las rentas del trabajo son excesivas y poco equitativas. Por supuesto hay también una alta evasión de los trabajadores independientes, que no se ha corregido con los incentivos monetarios para pedir recibos otorgados.

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El segundo tiene que ver con la pobrísima recaudación de los impuestos a la propiedad, particularmente del impuesto predial, que se debe en primer lugar a que seguimos utilizado un anticuado sistema de valuación de las propiedades en lugar de utilizar el valor de mercado, lo que beneficia a los que tienen propiedades de mayor valor.

El tercero tiene que ver con un tema al que me referí en mi columna del mes pasado, y se refiere a la forma inadecuada en que financiamos nuestro sistema de salud y nuestras pensiones, haciendo depender las mismas de contribuciones sobre la planilla, cuando en nuestro país solo dos o tres de cada 10 trabajadores son formales y no lo son durante toda su vida laboral.

SOBRE EL AUTOR

Luis Alberto Arias