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Un asunto que lamentablemente pocos políticos peruanos tienen presente es el hecho de que, en tanto que el Perú se reconoce como una democracia, nuestros funcionarios públicos son principalmente servidores de la población. No nuestros superiores jerárquicos. Por ello, al asumir sus cargos, asumen también varias responsabilidades ante la ciudadanía a la que ahora representan.
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Una de ellas, claro está, es el deber de rendir cuentas con transparencia sobre sus acciones y decisiones públicas. Esta regla alcanza incluso, como indica expresamente el artículo 39 de la Constitución, a la presidencia de la República. Justamente por ello y, con el fin de descargar de ese deber a quien ejerza la presidencia, nuestra Constitución ha creado la figura del Presidente del Consejo de Ministros, quien es, “después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del Gobierno” (artículo 123).
Por supuesto, el que hayamos diseñado la figura del premier no exime del todo al presidente de su responsabilidad de responder directamente ante la ciudadanía (usualmente expresada a través de la prensa). Por eso el texto dice que el premier es el portavoz autorizado “después del presidente”. No el portavoz principal.
Teniendo claros estos puntos y, considerando que el Gobierno de Dina Boluarte no se ha caracterizado por sus habilidades comunicativas con la población (sobre todo desde la salida de Alberto Otárola, pues la propia presidenta casi no ha dado entrevistas a la prensa), resulta desconcertante que el Ejecutivo haya decidido delegar su vocería en un funcionario de menor jerarquía. Un nuevo “vocero del Despacho Presidencial”.
¿Qué justifica que esta responsabilidad no pueda ser cumplida por Gustavo Adrianzén como presidente del Consejo de Ministros cuando Boluarte no sea quien responda por sí misma? Y, más importante aún, ¿acaso el Gobierno cree que la creación de este puesto hace menos necesario que tanto la presidenta como el premier hablen también directamente con la prensa y la población?
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Si bien es cierto que hay países en donde existe un funcionario que cumple funciones similares a las de este nuevo vocero, ello ocurre justamente en los lugares en donde la Constitución no le otorga expresamente a otra autoridad el rol de ser el portavoz alterno al presidente. Es decir, que no tienen un presidente del Consejo de Ministros.
En lugar de buscar formas de escapar de la responsabilidad de hablarle directamente al país, tanto la presidenta como el premier deberían preocuparse por entender qué está fallando y cómo mejorar la forma en la que ellos mismos se están comunicando. Para que la democracia funcione, nuestros políticos tienen la responsabilidad de hacer siempre su mejor esfuerzo para conectar con la población a la que representan. Y una parte esencial de esto último es que exista un mínimo de comunicación directa. No a través de alguien más.
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