Únete al canal de GestiónProfesor de la Universidad del Pacífico
A mediados de setiembre se inició en los Estados Unidos el primer juicio antimonopolio contra una plataforma tecnológica: Google. Pero no será el único. Hace unos días, el gobierno de Joe Biden demandó por prácticas anticompetitivas a Amazon, en lo que parece ser un intento del poder político de colocarle riendas a dos de las empresas más icónicas de la economía digital estadounidense y mundial.
El problema parece ser que los argumentos del Gobierno son muy débiles o difíciles de probar. En el caso de Amazon, por ejemplo, se le acusa de usar dos prácticas para mantener artificialmente su poder en el mercado de venta minorista. La primera consiste en obligar a quienes venden a través de su página web a hacerlo a precios tan bajos como los que ofrecen en otras plataformas. De acuerdo con el Gobierno, esto perjudica a los consumidores porque impide vender a precios menores en otras plataformas. Yo encuentro el argumento ridículo. ¿Por qué una empresa permitiría que sus clientes paguen precios más altos que los posibles? ¿Cómo así perjudica a los consumidores que los precios de Amazon sean siempre los más bajos posibles?
La segunda práctica anticompetitiva de Amazon consistiría en obligar a los vendedores que quieren atender a los clientes de la categoría Prime (la que asegura entregas en el menor tiempo posible) a usar la logística que Amazon ha armado para este fin. Este argumento es poco creíble. Por un lado, porque ningún vendedor está impedido de vender, a través de Amazon o de cualquier plataforma, usando su propia logística. Por otro, porque los mismos vendedores reconocen que el costo de usar la logística de Amazon es muy bajo. Es decir, que es conveniente pero no obligatorio para competir en el mercado. Y si no se puede probar eso, no hay caso.
Yo creo que los argumentos contra Google tienen mucho más mérito. El Gobierno acusa a la empresa de mantener artificialmente una alta participación en el mercado de búsquedas móviles a través de contratos firmados por Apple, Samsung, Mozilla y otros fabricantes de teléfonos y desarrolladores de software. Estos contratos, por los que la empresa californiana paga miles de millones de dólares, aseguran que Google sea el motor de búsqueda por defecto en prácticamente todos los celulares que se usan en los Estados Unidos.
Los argumentos de Google son que el alto número de usuarios se debe a que su producto es superior, que cualquiera puede cambiar el motor de búsqueda de su celular con un par de clicks y que el Gobierno aumenta artificialmente su participación de mercado al circunscribirlo a motores de búsqueda como Bing, Yahoo o Duck, Duck Go!, excluyendo plataformas como Amazon o TikTok, donde también se hacen búsquedas.
En mi opinión, si bien no va a ser fácil para el Gobierno estadounidense probar su caso, le va a ser más difícil a Google demostrar que los contratos no la colocan en una situación particularmente ventajosa. De otra manera no se explicaría por qué está dispuesto a pagar tanto dinero por el privilegio.
