Especialista en políticas públicas
Oído en la calle: “Te opones a la destitución de la Junta, entonces eres caviar”. Paso a responder con empatía.
Para que las personas progresen y sus libertades estén garantizadas, creo firmemente que requerimos democracia con economía de mercado, así como un Estado que funcione. Hablaré aquí de la democracia. Esta no es solo votar cada 4/5 años para elegir a gobernantes, sino tener libertad de prensa y expresión, autonomías y contrapesos que eviten la concentración y abuso de poder, partidos políticos serios, entre otros elementos fundamentales.
En atención a lo anterior, nuestro marco constitucional aísla determinadas entidades del poder político, para lo cual les otorga autonomía, establece determinada duración para sus autoridades y contempla que solo en caso de falta grave puedan ser removidas por el Congreso. Este es el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Contraloría General de la República y el Banco Central de Reserva (BCR).
Es decir, los magistrados de la JNJ, el contralor y el presidente del BCR, una vez designados, pueden opinar y actuar de manera opuesta a lo que quiera el poder político del Poder Ejecutivo o el Congreso, por cuanto desde la Constitución les hemos dado una protección para que –por más incómodos que sean– no los remuevan de sus cargos salvo por falta grave. Así, la garantía de su autonomía es que solo ante una situación extremadamente seria se les pueda remover.
Esta garantía solo se contempla para entidades de especial relevancia, cuyo funcionamiento requiera decisiones distantes al poder político. Este es el caso de la JNJ, que se encarga de nombrar, ratificar, sancionar y destituir a los jueces y fiscales, así como de designar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
En el caso de la remoción de los magistrados de la JNJ que se viene discutiendo, no hay falta grave que la justifique, menos de todos los miembros. Publicar un comunicado, demorarse en presentar un informe o excederse en la edad para ser miembro pueden ser faltas, pero no graves; ninguna justifica acudir a la remoción de la autoridad de una entidad autónoma. De hecho, el proyecto de informe presentado a la comisión por los técnicos así lo señalaba, pero luego los congresistas lo mandaron cambiar.
En tal sentido, si los magistrados de la JNJ son removidos por las razones que se vienen discutiendo, se trataría de una aplicación abusiva de la facultad del Congreso para removerlos. Sería una decisión arbitraria, un abuso de poder. Y por eso estoy en contra de la remoción: se afectan las autonomías y, por tanto, la democracia.
Estoy también en contra porque el nombramiento de nuevos miembros recaería en una Comisión Especial, liderada por el Defensor del Pueblo, cargo que actualmente ocupa Josué Gutierrez, cercano a Perú Libre. Gutierrez llegó a ese puesto propuesto por Perú Libre, ha sido asesor de la bancada de ese partido y además abogado de su líder, Vladimir Cerrón (hoy prófugo). Si bien el marco normativo contempla que los suplentes de la JNJ asuman funciones, dos de los mismos ya tendrían más de 75 años, con lo cual no podrían ser nombrados y se presentaría un vacío que tendría que llenar la comisión liderada por Gutiérrez. De hecho, ya viene preparándose para ese momento y ha presentado un proyecto de ley para que sea él quien designe al secretario técnico de la referida comisión.
Sobre la argumentación de que se trata de la Junta de Vizcarra, recordemos que antes teníamos el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros fueron captados negociando, entre otras cosas, las penas para violadores de menores de edad. Se detectó que arreglaban sentencias y nombramientos a cambio de dinero y favores. Así, en esa oportunidad sí hubo falta grave, y fue el Congreso de la República quien decidió la remoción de sus magistrados. La Junta no fue creada por Vizcarra, sino por el Congreso, que aprobó la modificación de la Constitución para su creación, lo cual luego ratificamos como ciudadanos en referéndum.
En atención a todo lo señalado, no pido que no me digan caviar o cualquier otro adjetivo que consideren. Sí les pido que, si van a descalificar determinada postura, se aseguren de estar atacando los argumentos y no solo poniendo adjetivos a las personas. Les pido, además, que no se confíen en todo lo que dicen otros, en especial si opinan desde un extremo del espectro político; infórmense y escuchen diferentes opiniones, para luego formarse con sustento la suya. Y les pido finalmente que sean conscientes que la concentración de poder solo puede traer problemas para el progreso de los peruanos.
Por cierto, si hoy permitimos que remuevan a los magistrados de la JNJ sin falta grave, mañana podrían hacer lo mismo con el presidente y directores del BCR. Y con ello, adiós autonomía del BCR y adiós estabilidad macroeconómica. En tal sentido, proteger la autonomía de la JNJ es proteger la democracia y también proteger la economía. El Congreso debe retroceder y no concretar un abuso del poder al aprobar la destitución.
