Son múltiples las definiciones sobre gobierno corporativo. Destaca la propuesta por Sir Adrian Cadbury, al señalar que el gobierno corporativo consiste en mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales, entre los objetivos individuales y los comunitarios. Su propósito es lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad. En el caso de los Estados, el incentivo es que esas normas fortalecerán sus economías y fomentarán la probidad de las empresas.
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El gobierno corporativo cambia constantemente debido a los nuevos desafíos críticos tales como ciberseguridad, la integración de factores ESG, la rápida adopción de inteligencia artificial, la presión regulatoria, la transparencia y la gestión de riesgos en entornos inciertos, todas ellas prioridades clave para mantener la sostenibilidad y la confianza.
El gobierno corporativo cambia constantemente debido a los nuevos desafíos críticos tales como ciberseguridad, la integración de factores ESG. (Imagen: Gemini, Diario Gestión)
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Frente a estos retos, el rol del directorio es fundamental al establecer la dirección estratégica, la visión, la misión y los valores de la empresa; supervisar la gestión, incluido el nombramiento del gerente general y el seguimiento de su desempeño; proteger los intereses de los accionistas y garantizar que la empresa se gestione para maximizar el valor para los accionistas garantizado la rendición de cuentas y que la empresa se adhiera a los estándares éticos.
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El entorno de mercado actual exige que los directorios adopten un enfoque más proactivo y táctico para la gestión de riesgos y cumplimiento del marco normativo que cada vez es más exigente y retador para todas las industrias. La volatilidad del riesgo también requiere que los directorios reevalúen sus estructuras de gestión de riesgos y cómo abordan sus esfuerzos en este ámbito.
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En Perú, el concepto de compliance ha ganado relevancia, especialmente con la promulgación de leyes y regulaciones que refuerzan la responsabilidad de las empresas en el cumplimiento normativo. La Ley N° 30424, modificada por la Ley N° 30835, regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y establece la necesidad de contar con modelos de prevención. En este contexto, el Comité de Auditoría y Riesgos se vuelve una pieza central para asegurar que el programa de compliance funcione realmente. No se trata solo de recibir informes periódicos, sino de ejercer una supervisión especializada y documentada sobre los riesgos penales de la organización.
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Esto implica, al menos, tres tareas esenciales. En primer lugar, integrar los riesgos penales en el sistema general de gestión de riesgos de la empresa, asegurando que delitos como corrupción, fraude o lavado de activos estén adecuadamente identificados y gestionados.
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En segundo lugar, supervisar la independencia y capacidad operativa del oficial de cumplimiento, revisando su acceso al directorio, los recursos asignados y su protección frente a presiones internas. Finalmente, monitorear denuncias e investigaciones internas relevantes, garantizando que se gestionen con independencia y que el directorio reciba información oportuna para adoptar decisiones.
La pregunta clave ya no es “¿tenemos un programa de compliance?”. La pregunta correcta es otra: ¿podríamos demostrar que el directorio, a través de su Comité de Auditoría y Riesgos, supervisó activamente su eficacia?
Fátima de Romaña es socia en Petra Legal y miembro de WCD Perú.
