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Estando próximos a nuevas elecciones regionales y municipales, es momento de hacer una revisión de los últimos cuatro años en cada una de las regiones con mirada crítica para aprender de los errores, pero sobre todo para afrontar un nuevo período que esté caracterizado por una real preocupación por sectores productivos que atraviesan una complicada situación económica, producto, entre otras cosas, de la presencia del COVID-19.
La pandemia no solo transformó nuestras vidas, sino generó una agudización de los diversos problemas del sector agrario, artesanal, turístico, entre otros. Las nuevas autoridades tendrán la gran responsabilidad de dar continuidad a los proyectos que vienen ejecutándose y, dar inicio a otros, pensando siempre, que lo más importante en una gestión pública es el grupo de beneficiarios y beneficiarias que se atiende.
En ese contexto, las nuevas autoridades probablemente encontrarán que, la implementación de “Procompite” es de obligatoria ejecución. Actualmente, el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República se encuentra para firma de autógrafa en el Poder Ejecutivo, lo que conlleva a una nueva reglamentación que requiere la participación de los gobiernos regionales y locales. Esta nueva forma de intervención implica no solo una inversión considerable para sectores productivos, sino además, el desarrollo de estrategias que permitan dar sostenibilidad a las diversas intervenciones.
Haciendo un recuento rápido de la historia de “Procompite”, esta estrategia inició anclada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para luego pasar al Ministerio de Producción. Desde el 2020, de acuerdo a las competencias de cada sector, cuenta con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En los últimos años, considerando desde el 2010, se han implementado 5,840 planes de negocios con una inversión -por parte de los gobiernos regionales y locales- de más de S/ 900 millones, a los que se les suma el aporte monetario de los Agentes Económicos Organizados. Estos S/ 900 millones, sin ser poco, deberían evaluarse o compararse con lo que se pudo implementar.
El potencial actual de “Procompite”, de acuerdo al presupuesto 2022 y con la ley actual, es de S/ 1,343 millones, de los cuales, a la fecha solo se ha implementado menos de 1%, es decir, 63 planes de negocios por un monto cofinanciado de S/ 10 millones. Si en estos momentos el proyecto de ley nuevo (647-2021) estuviera vigente, hablaríamos de una inversión de S/ 671 millones. Por eso, la decisión política juega un papel fundamental para el desarrollo de sectores que esperan este tipo de apoyos.
Para el caso específico del sector agrario, el tema de los fertilizantes conlleva a desarrollar estrategias para afrontar una crisis que va tomando forma, pero la falta de fertilizantes no es el único problema del sector. Existen aún brechas que no han sido cubiertas que deberían seguir siendo atendidas en paralelo. Para ello, existen medidas que deben continuar, apoyo que no se debe interrumpir e inversiones que deben realizarse.
Una de esas medidas, se puede ejecutar con los fondos no reembolsables provenientes de “Procompite”, que permite transferir tecnología, construir infraestructura, adquirir herramientas e insumos y contratación de asistencia técnica, brechas que aún no se cierran en los diversos sectores productivos. Se cuenta con el marco presupuestal y se tiene un cambio próximo en el marco normativo que significa una valiosa oportunidad que se debe aprovechar.
Por último, si bien es cierto la decisión política es un factor importante e indispensable para la ejecución de las diversas iniciativas, también es importante preparar a las organizaciones para presentar una propuesta debidamente sustentada, con horizonte de crecimiento y que abarque las principales problemáticas. Eso implica un fortalecimiento de capacidades incluyendo también, al equipo técnico de cada gobierno regional y local.
Las nuevas autoridades encontrarán sectores en recuperación, que necesitan un nuevo impulso para continuar con el proceso de crecimiento, tendrán una oportunidad grande para dejar huella. El marco normativo y el marco presupuestal ya lo tienen. Por ahora, queda pendiente la decisión política.
