Omar Mariluz Laguna, director periodístico
En el Perú hemos normalizado casi todo: los desastres naturales sin prevención, las reformas eternas sin reforma, y —cómo no— los carteles empresariales que juegan Monopoly con la salud pública. Esta semana, Indecopi impuso una de las multas más altas de su historia: más de S/539 millones a 13 laboratorios y 5 ejecutivos por coludirse durante más de una década para manipular licitaciones de medicamentos.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia no sancionó la venta de chocolates. Sancionó la colusión en insumos críticos como cloruro de sodio para rehidratación, antibióticos esenciales, antineoplásicos para tratamientos oncológicos, metotrexato para leucemias y medicamentos básicos para hospitales de todo el país. O sea, bienes que se administran cuando la vida no puede esperar a que dos postores se pongan de acuerdo.
La investigación encontró correos en clave, chats con sobrenombres, reuniones secretas para repartirse licitaciones y coordinaciones para decidir quién ganaba qué. Nada improvisado. Un cartel de manual. Según Indecopi, esto elevó artificialmente los precios, generando un perjuicio directo al presupuesto público. Traducido: pagamos más de nuestros impuestos para que algunos se llenaran los bolsillos.
Y aquí viene la parte que siempre aparece en el Perú: la discusión ideológica. Prepárense, porque en los próximos meses escucharemos a muchos candidatos repetir que “el modelo económico no sirve”, que “la Constitución es el problema” y que “el mercado es inmoral”. Pero no, señores, el mercado no se coludió solo. Quienes se coludieron fueron empresas privadas protegidas por instituciones débiles e ineficientes, incapaces de detectar y sancionar a tiempo una conducta que duró casi quince años.
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Lo mismo ocurrió con el Club de la Construcción, el cártel del papel higiénico, el cártel de los balones de gas. No es ideología: es impunidad. Y la impunidad es el incentivo perfecto para repetir la jugada.
Es más: el mejor ejemplo de que no es un asunto ideológico está en la minería ilegal, que hoy mueve miles de millones de dólares, contamina ríos, destruye bosques y mata personas. ¿Y quiénes la respaldan políticamente? Bancadas de todos los colores. Cuando hay plata de por medio, las ideologías se derriten como gelatina en verano.
Por eso, cuando hablamos de libre mercado, hablamos de algo básico: sin reguladores fuertes, independientes y técnicos, no hay mercado, hay ley de la selva. Y cuando la selva la administran intereses poderosos, el Estado termina débil, los ciudadanos terminan estafados y los enemigos del sistema terminan felices con un nuevo argumento para incendiarlo todo.
La multa de Indecopi es un mensaje potente. Pero llega tarde. En un país serio, estos carteles se detectan y sancionan en el minuto uno, no quince años después. En un país serio, el regulador tiene recursos, músculo y autonomía para evitar que la salud pública se convierta en un festín privado.
Porque sí, podemos discutir el modelo económico todo lo que queramos. Pero, al final, lo que define el destino de un país no es la ideología escrita en una Constitución, sino la fuerza —o la anemia— de sus instituciones. Y hoy, lo que ha quedado claro es que las nuestras siguen demasiado frágiles frente al poder del dinero.
Y cuando las instituciones fallan, no solo pierde el mercado. Perdemos todos.
