¿TV Perú o TV Gobierno?

NOMBRAMIENTO. Una vez más el Gobierno de turno ha hecho evidente su intención de utilizar políticamente y con mentalidad cortoplacista los medios estatales que conforman el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP): TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional. Esta vez, además, se ha esforzado menos de lo usual por ocultarlo.

El último miércoles, el Ejecutivo nombró como miembro del Consejo Directivo y presidenta del IRTP a quien hasta ese mismo día fue la responsable de la comunicación de la presidenta Dina Boluarte: la comunicadora Ninoska Rosario Chandia Roque.

Lo que el Gobierno de Boluarte no parece entender –igual que varios de sus antecesores– es que, tal como indica el artículo 1 de la ley de creación (Decreto Legislativo 829), la finalidad de que nuestros impuestos financien el IRTP es que desde los medios que lo conforman se ejecuten “actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento”; no que funcionen como propaganda del Gobierno. Utilizar el dinero público para fines distintos a los dispuestos por la ley, de hecho, es tanto antiético como ilegal.

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¿Qué explicación tendría el nombrar como titular de esta entidad tan importante a una persona sin experiencia previa relevante y con tan evidentes conflictos de interés sino la intención directa de utilizar los medios públicos para favorecer la imagen del Gobierno? ¿Realmente alguien podría creer que lo que se buscó fue cumplir mejor con el objetivo institucional que se exige en la ley?

Para defender la decisión, el premier Alberto Otárola ha dicho que Chandia Roque es “una profesional de las comunicaciones, tiene mucha experiencia, reúne los requisitos que establece la ley y creemos que va a conducir de la mejor manera, y con la independencia que todos queremos, este importante órgano de comunicación del Estado”.

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Pero no se trata de si reúne o no los requisitos mínimos, sino de que, al venir del puesto del que viene y no tener ninguna experiencia previa en el manejo de medios –cuando hay tantos otros profesionales que sí–, se hace evidente que esta decisión no responde a un intento por encontrar al profesional más idóneo para promover mejor los contenidos educativos, informativos y culturales.

Ciertamente, no es la primera vez que un Gobierno intenta utilizar los medios estatales como instrumentos de propaganda. Pero ocurre que, con cada golpe que recibe la autonomía del IRTP, se pisotean otra vez el principio de separación de poderes y el Estado Constitucional de Derecho en general. Y recuperar el respeto a estas reglas democráticas básicas tarda mucho más de lo que toma quebrarlas.

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