Tras su aprobación por el Congreso de la República pocas semanas atrás, el Gobierno oficializó hace tres días, con la firma de la presidenta Dina Boluarte, la ley que otorga licenciamiento permanente a las universidades. Hasta antes de dicha medida, los centros de estudios tenían que demostrar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), cada seis a diez años, que mantenían un nivel de calidad mínimo para seguir licenciadas. Esto ya no será necesario.
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Ahora, la ley establece el licenciamiento permanente “siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad”. También que “las universidades estarán sujetas a evaluaciones periódicas inopinadas para garantizar la calidad educativa y la transparencia en el uso de recursos públicos”. Esto tiene varias implicancias.
¿Qué tan riesgosa es esta medida para la calidad educativa de la educación superior? Ya oficializada la medida, la clave está en asegurar la mejora continua. El Consejo Nacional de Educación (CNE), antes de la promulgación de la norma, no se mostró en contra del licenciamiento permanente; sin embargo, indicó que debían incluirse consideraciones respecto del sistema de aseguramiento de la calidad.
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En uno de los puntos de su informe, el CNE indica que en el caso peruano se requiere concentrar esfuerzos en la configuración del sistema de acreditación y en fortalecer las acciones de fomento que el Ministerio de Educación (Minedu) emprende para acompañar a las universidades en el mantenimiento de sus condiciones básicas, entre otros aspectos. Como indica El Comercio, las recomendaciones del CNE no fueron tomadas en cuenta en el texto aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo.
Pero hay más. El licenciamiento permanente, como indicamos en un informe publicado en gestion.pe, es una amenaza para el financiamiento de las universidades públicas. La necesidad de renovar el licenciamiento podría ser un incentivo para que las casas de estudio estatales mejoren su calidad educativa, lo que también implicaría el uso de recursos para esta finalidad.
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Como se indica en el artículo, durante el primer proceso de licenciamiento, se destinaron más de S/ 1,000 millones a las universidades públicas para mejorar sus condiciones básicas de calidad. Es decir, esto también era una justificación para incrementar el presupuesto de dichas casas de estudio.
El exministro de Educación, Daniel Alfaro, considera que nuestro sistema no es lo suficientemente maduro para otorgar licenciamiento permanente. El CNE pidió que la iniciativa incluyera el proceso de acreditación. Si no queremos que la educación superior se debilite, se deben hacer los ajustes necesarios para que la norma genere las condiciones y los incentivos para asegurar la calidad.
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